JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

nemos en cuenta que aproximadamente el
50% de la población reclusa tiene problemas
de toxicomanías 20 y solamente el
12% está clasificado en tercer grado, comprobaremos
lo lejos que nos encontramos
de tratar al delincuente drogadicto como
necesita. Con la mencionada sentencia del
Tribunal Supremo de 11-4-2000, varios
grupos sociales sensibilizados en el tema
demandaron un cambio de rumbo. Lo
que se puede afirmar es que disponemos
de suficientes medios legales pero falta la
voluntad política para desarrollarlos.
3. Unidades de madres y otras
posibilidades de la
normativa penitenciaria
La LOGP (art. 38) y el RP (arts. 178 y
181) abordan la problemática cuestión de
las madres con hijos menores de tres años.
Y lo hacen tratando de conjugar los derechos
de la madre a tener a su hijo en su
compañía y a que éste disponga de las
condiciones necesarias para el desarrollo
de la relación materno-filial y formación
de su personalidad. Sin embargo, en
la situación de prisión ordinaria en que se
encuentra la madre resulta muy difícil la
armonización de ambos intereses 21 . No
obstante, existe la posibilidad de que estas
madres clasificadas en tercer grado cumplan
condena en unidades dependientes
como ya lo realizan algunas ONG. En este
sentido, se han realizado iniciativas por
parte de la asociación Horizontes Abiertos
y el Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid para desarrollar un programa
en el que todas las madres que se encuentren
en esta situación abandonen la
prisión.
Otras posibilidades de la normativa
penitenciaria están contenidas en: unidades
mixtas internos-internas para matrimonios
o parejas de hecho con el fin de
que no se deteriore la convivencia que
mantenían en libertad; unidades psiquiátricas
para personas con patología psíquica
a las que les haya sido aplicada una medida
de seguridad de internamiento; unidades
para jóvenes menores de 21 años, de
las que ya nos hemos ocupado. Y por último,
señalar que las posibilidades penitenciarias
o flexibilidad en el cumplimiento
de las penas eran mayores en la reglamentación
anterior. Pues al desaparecer la re-
20 DGIP, Informe general 1998, pág. 119. Otras
fuentes también citan cifras parecidas.
21 Ver nota 1, respecto a la modificación de la
Ley Penitenciaria 13/1995, de 18 de diciembre, por
la se rebaja de seis a tres años la edad de los hijos que
pueden estar con sus madres en prisión.
Nº 110 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
dención de penas por el trabajo, reducir
prisión ahora se limita al adelantamiento
de la libertad condicional a las dos terceras
partes en vez de las tres cuartas partes de
la condena y el indulto particular 22 . Ambos
procedimientos se encuentran prácticamente
inéditos.
4. Arrestos fin de semana
Con la introducción en el nuevo CP de
algunas modalidades penales para delitos
menores, ya muy desarrolladas en otros
países europeos, el legislador ha pretendido
encontrar una sanción alternativa a la
prisión. Los arrestos fin de semana (36
horas entre viernes y domingo) debería ser
una de ellas; sin embargo, se están cumpliendo
con encerramiento en celda, control,
cacheos y medidas de seguridad cual
si fuese prisión ordinaria. No es extraño,
pues, que muchos penados quieran cumplirla
en prisión y el Consejo General del
Poder Judicial pidiese que fuera cumplida
con un control pero en su domicilio.
5. Trabajos en beneficio
de la comunidad
Esta sanción penal, una de las más novedosas,
se enmarca en el concepto de delito
como situación-problema que huye de
respuestas expeditivas, opta por analizar el
problema detenidamente y promete resultar
positiva y eficaz. Porque promueve el
reconocimiento del daño causado y la necesidad
de repararlo en lo posible, suscita
un diálogo para la resolución del conflicto
y posibilita en el infractor la reflexión y
búsqueda de medios que le permitan no
volver a delinquir. De momento se ha
aplicado muy poco.
6. Suspensión y sustitución de la pena
Según establece el CP (arts. 80-87), se podrá
suspender la ejecución de las penas inferiores
a dos años o tres si el delito fuese
cometido a causa de la drogodependencia.
Teóricamente, nos encontramos con uno
de los aspectos más positivos y a la vez
contradictorio del CP llamado “de la democracia”.
Pues de manera expresa prioriza
la rehabilitación, implica al penado y
condiciona la suspensión de la prisión al
cumplimiento de obligaciones como participación
en programas formativos, laborales,
culturales, educación vial, sexual, no
22 Los beneficios penitenciarios están regulados
en los artículos 202-206 del RP, en los que también
se recoge las condiciones necesarias para poder acceder
a ellos, como buena conducta, participación en
actividades laborales y de tratamiento y durante un
tiempo mínimo de dos años.
EMILIO MONTESERÍN
acudir a determinados sitios, o no ausentarse
de determinados lugares, etcétera. La
sustitución de la pena por arrestos fin de
semana o multa constituye otra posibilidad
de eludir la prisión. Pero lo que más
resalta de todo esto es lo poco que el legislador
confía en el carácter resocializador
de la prisión, confirmando las tesis que venimos
defendiendo.
Alternativas
1. ¿Por qué se deben buscar
alternativas?
a) Porque la mayor parte de delincuentes en
prisión son personas carenciales pertenecientes
a un grupo social que dispuso de escasas
oportunidades. Si esto es así, y lo es,
como lo demuestra el hecho de que a mayor
igualdad social menos delincuencia y menos
personas en prisión 23 , entonces parece plausible
considerar que la sociedad como cooperadora
necesaria del delito tiene la obligación
de poner los medios para conseguir la
recuperación social del delincuente. Así, el
profesor Beristain (1986) señala la necesidad
de la función repersonalizadora de la
pena; de lo contrario, se convertiría en mera
venganza 24 . Además, se enfrentaría a los
principios humanistas, cristianos y de nuestra
Constitución. Del mismo modo, Cid
Moliné (1998) defiende el derecho a la reinserción
social del penado como un derecho
fundamental reconocido en la Carta Magna,
por tanto, de obligado cumplimiento.
b) Se deben buscar alternativas a la
prisión porque se ha constatado suficientemente
su fracaso como medida resocializadora
25 . La política de lucha contra el
delito en EE UU refleja muy bien esta situación.
Hace 24 años que se reinstauró
23 Verdú, V.: El planeta americano, pág. 63.
Anagrama, Barcelona, 1996. Suecia es de los países
con menos desigualdades sociales y también menos
delincuencia y personas en prisión.
24 Beristain, A.: Ciencia penal y criminología,
págs. 101-123. Tecnos, Madrid, 1986. Señala el autor
que una cosa es castigar y otra es sancionar. Dos conceptos
diferentes que conviene tener claro y sustituir
la pena por la sanción. Alude a la filosofía humanista,
al cristianismo, a la realidad latinoamericana, etcétera.
Cid Moliné: ‘Derecho a la reinserción social’, en revista
Jueces para la democracia, núm. 32, julio/1999,
págs. 36-48. Madrid, 1998.
25 Sobre este tema existe abundante bibliografía,
entre la que podemos citar: El correo de la Unesco, junio
1998, París. Bajo el título ‘La cárcel una institución
en crisis’ escriben autores de distintos países. Beristain,
A.: La Ley, 3 y 6 de septiembre de 1999, Madrid.
Éxodo, núm. 44, mayo-junio 1999, Madrid,
número monográfico sobre las cárceles cuya portada titula
‘Las cárceles sobran’ y en la que escriben varios expertos.
El ciervo, núms. 426 y 427, agosto-septiembre
de 1986, Barcelona; bajo el título ‘Las cárceles universidades
del crimen’ analizan el tema diferentes autores.
Corintios XIII, núm. 68, octubre-diciembre 1993, Barcelona.
‘Los derechos humanos en la cárcel un com-
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