JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

A
diferencia de lo que cree
el resto del mundo, Estados
Unidos es una nación
esclava de su memoria histórica.
¿Cómo se explica, si no,
la permanencia de diferencias
políticas en los antiguos Estados
de la Confederación, en los que,
un siglo después del final de la
Guerra Civil, el Gobierno federal
tuvo que imponer la supresión
de la segregación racial? La
memoria también explica la convicción
(existente en todos los
grupos étnicos y razas) de que la
vida en nuestro país es infinitamente
superior a la que hay en
las tierras de las que proceden la
mayoría de los estadounidenses,
lo que justifica la inmigración.
Del mismo modo, la memoria
del triunfo en la guerra fría determina
la barroca creencia de
nuestra élite de que Estados Unidos
tiene la misión y el derecho
de dirigir el mundo, una creencia
que es compartida por la población,
aunque de forma no racionalizada.
El mito fundador de
la nación (un nuevo orden de la
historia) modela en gran parte la
memoria, y, naturalmente, se
funde con ella para ocultar la diferencia
entre la memoria y el
mito en la vida pública estadounidense.
Es por ello por lo que, aunque
la reciente debacle electoral
(las elecciones presidenciales de
2000, ganadas por George
W. Bush) no ha sido olvidada,
apenas destaca en el discurso
público y, a la hora de fabricar la
opinión pública, ha sido sistemáticamente
subordinada al mito
del consenso. No hay en Estados
Unidos un imperativo
más apremiante que la tarea cotidiana
de gobernar; entendida,
sobre todo, como un evitar en-
frentarse directamente a los
principales conflictos sociales–.
Escribo estas líneas cuando Bush
lleva ya diez días ocupando la
Casa Blanca: la insistente repetición
en los medios de comunicación
de las ideas de continuidad
y legitimidad hacen pensar
que vivimos en una monarquía
republicana. Aquellos que insisten
en llamar la atención sobre
lo obvio, que la elección fue un
fraude, alteran la paz. Es la paz
de los cementerios; e incluso al
actual Tribunal Supremo le sería
difícil justificar la condena de
un ciudadano por lesa majestad.
No importa, plantear esa cuestión
se considera ahora una obcecación
ideológica, una clara
muestra de la situación marginal
de quienes lo hacen.
Al nuevo presidente le resulta
fácil propagar una paz espuria:
sólo necesita repetir, virtualmente
intactas, las palabras con las
que libró la batalla electoral. El
suyo era un mensaje eminentemente
político: la antipolítica.
Proponía, presentando una versión
ficticia de su actuación como
gobernador, superar el desagradable
partidismo en el interés
más elevado de la nación. A ello
añadía la evocación, convincentemente
poco sutil, de las debilidades
humanas del presidente
Clinton: él, Bush, devolvería “el
honor y la integridad” a la Casa
Blanca. Bush hizo de su poco
santo pasado una ventaja. Unas
veces se negó a hablar de ello,
pues sería una concesión a la
“política de destrucción personal”,
frase usada en Washington
para referirse a aquellas ocasiones
en que no se puede seguir negando
la evidencia de un comportamiento
lamentable por parte
de un aliado político. Otras
POLÍTICA
TRAS LA DEBACLE
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos
NORMAN BIRNBAUM
veces, declaró que había pecado
(sin especificar cómo), pero que
se había redimido mediante la
conversión religiosa. Aunque
esos deístas ilustrados que fueron
nuestros primeros presidentes
afirmaban sin asomo de duda
que nuestra nación era favorecida
por Dios, ninguno de ellos
declaró, a diferencia de su sucesor,
que mantenía relaciones personales
con Jesucristo.
Los apoyos electorales
de Bush
Bush ha movilizado a dos colectivos
de votantes apoyándose en
la conjunción de la antipolítica
(que considera que el debate divide
intrínsecamente) y la moralidad
personal (recientemente
aleccionó a la nación sobre cómo
las políticas adoptadas por
los miembros que había nombrado
para su gabinete eran mucho
menos importantes que la
bondad de sus corazones). Un
gran grupo de ciudadanos ve la
política nacional como corrupta
e ineficaz. Este grupo incluye
aquellos para los que cualquier
conflicto de ideas es psicológicamente
intolerable y aquellos
que son conscientes de que el
diálogo democrático se ha vuelto
imposible debido a un sistema
en el que unos donantes con
intereses muy concretos que fomentar
se gastaron tres mil millones
de dólares en las elecciones.
Ese frente común de los ingenuos
y los sofisticados bien
puede representar o abarcar a un
tercio del electorado. Bush consiguió
atraerles, a pesar de sus
muy visibles vínculos con el gran
capital.
Hay un solapamiento entre
este grupo y los indignados moralizadores
de las Iglesias funda-
mentalistas protestantes, aproximadamente
un 15% del electorado.
Generalmente antagonistas
del Partido Demócrata
(dado el respaldo de éste a la legitimidad
del aborto y los derechos
de la mujer, su identificación
con los negros, hispanos y
judíos, su adopción de una cultura
laica), los fundamentalistas
consideraron a Bush un candidato
favorable a sus puntos de
vista. Sus dirigentes fueron relativamente
discretos durante la
campaña, aunque entendieron
que las principales ideas asumidas
por Bush estaban muy en
consonancia con las grandes líneas
de su proyecto: la recristianización
(por supuesto, en sus
términos) de la sociedad estadounidense.
Esas ideas incluían
el énfasis puesto por el candidato
en el derecho de las comunidades
locales y los Estados a la
autonomía frente a las leyes y
regulaciones federales (un énfasis
con el que no congenian menos
aquellos que están a favor
de la desregulación en áreas como
la protección al consumidor,
el medio ambiente, las relaciones
de género o raza, las normas
laborales o las armas). Concentrados
en el Sur y el Oeste, los
fundamentalistas se habían movilizado
a escala local para promover
los componentes de su
programa (por ejemplo, las oraciones
cristianas en las escuelas
públicas), desafiando con frecuencia
de la ley federal. En
cierto modo, su discreción fue
completamente innecesaria; su
candidato declaró que el Gobierno
federal subvencionaría a
las iglesias de forma directa en
dos ámbitos: uno, el de la educación,
donde su propuesta de
usar el dinero público para per-
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