JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

leyes y disposiciones, gruesos volúmenes
de papel-biblia preparados por expertos y
a cuyo manejo estamos habituados los juristas.
En el caso de la actividad política, la
Constitución tiene su complemento o desarrollo
natural en las leyes políticas, un
conjunto más o menos extenso de normas
que vienen agrupadas, bajo tal nombre u
otros semejantes, a criterio de quienes las
editan. Para denotar el carácter fragmentario
de lo que se recopila, la mayor parte de
tales repertorios suelen llevar en su encabezamiento
la palabra “básica”, pero no
deja de sorprender la falta generalizada de
cualquier referencia en ellos a la normativa
propia del Cesid. Uno tan sólo de los seis
o siete que tengo a mano (el auspiciado
por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, en coedición con el
BOE) contiene una referencia a pie de página
bajo el epígrafe “Administración militar.
Fuerzas Armadas”.
Quien quiera hacerse una idea de las
normas que regulan nuestro servicio secreto
dispone, sin embargo, de un camino expeditivo:
la consulta de la página web del
propio Cesid (http://esint60.tsai.es/cesid),
Nº 110 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
donde encontrará un concisa glosa del encuadre
del organismo. Los servicios de Inteligencia
–se lee allí– son “organismos estatales
encargados de conocer e informar al
Gobierno de aquello que pueda afectar a la
seguridad, estabilidad y defensa de un Estado,
tanto en el ámbito exterior como en
el interior, con objeto de ayudar a los responsables
políticos a tomar las decisiones
más oportunas en estos campos”. Una función
que el Cesid desempeña, según la página,
en régimen de exclusividad y con dependencia
funcional del presidente del
Gobierno, si bien a efectos orgánicos y administrativos
está subordinado al ministro
de Defensa, pese a lo cual –se puntualiza–
el Cesid no es un organismo militar, pues
“el centro, como tal, posee un ámbito de
actuación y competencias diferentes a las
de los servicios que atienden las necesidades
de los ejércitos”.
Esas precisiones iniciales se infieren de
una norma de 1996: el Real Decreto
1.883/1996, de 2 de agosto, sobre “Estructura
orgánica básica del Ministerio de
Defensa”; una norma que tiene, como todas
las que afectan de lleno al Cesid, una
característica que llama poderosamente la
atención; todas ellas son normas de rango
reglamentario. Siendo de tanta importancia
la función, como en efecto lo es, sorprende
el salto verificado, una auténtica
pirueta normativa, desde la cima constitucional,
donde se halla la dirección por el
Gobierno de la defensa del Estado (art. 97
CE), hasta un semioculto vericueto del
derecho vigente: un Real Decreto del Ministerio
de Administraciones Públicas,
concebido para dar una organización interna
básica al Ministerio de Defensa,
donde se deja caer como al descuido lo
que es el Cesid.
No se busquen estaciones intermedias
donde podría haberlas si las razones de
buena técnica y sistemática legislativa tuvieran
algún peso frente a las de pura conveniencia
u oportunidad políticas. Por
ejemplo, en la ley (orgánica por más señas)
6/1980, por la que se regulan los criterios
básicos de la defensa nacional y de
la organización militar. Se comprende
que, a la altura de 1980, los tiempos no
estuvieran maduros para debates parlamentarios
sobre los servicios de Inteligen-
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