JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

VEINTE AÑOS DE LEY PENITENCIARIA
co a su familia. Y porque, aunque no resulte
creativo, formativo ni productivo, sí experimentan
una tranquilizante ergoterapia.
9. Los nuevos centros como
segregación social
Si realmente pretendiésemos la recuperación
social de las personas afectadas mediante
el cumplimiento de estas penas
asignaríamos a la ubicación de los centros
un papel fundamental. Pero se practica un
discurso segregador, selectivamente definido
por todo el entramado penal y que han
puesto de relieve las teorías criminológicas
del labelling approach, conflicto social o
criminología crítica. La política de sustituir
los vetustos centros urbanos por grandes
centros modernos emprendida en el
periodo de Antoni Asunción (1988-1992)
resultaba necesaria, pues se trataba de crear
más y mejores plazas para hacer frente a la
masificación que sufrían los centros. Lo
que resulta incomprensible es que se ubicasen
casi todos a más de 30 kilómetros
de las ciudades, en un páramo y sin apenas
acceso con transporte público. Esto
constituye una seria dificultad para las familias
de los internos y para ellos mismos
cuando salen y reingresan de permiso; para
los abogados, funcionarios judiciales y
trabajadores penitenciarios; y, sobre todo,
para el personal voluntario que de forma
gratuita y solidaria desea dedicar un poco
de su tiempo a promover vínculos de
unión social con este colectivo. Este diseño
de centros grandes y alejados sin régimen
abierto constituye un segregador aislante
social e incumple la LOGP, que atribuye
a la ubicación de los centros la
función de evitar el desarraigo social de
los penados.
10. La deficiencia de profesionales
Una observación general sobre la ratio
profesional/interno refleja que a cada profesional
le corresponde, aproximadamente,
atender al siguiente número de internos:
Profesional Nº de internos
Jurista ..............................................350
Psicólogo .........................................250
Educador .........................................100
Trabajador social..............................125
Monitor (deportivo-ocupacional) ......400
Maestro de EGB ..............................125
Funcionario de vigilancia ..................40
sidera el trabajo penitenciario como “relación laboral
especial”, que afecta a causar baja, etcétera, pero no a
los derechos básicos de los trabajadores.
Si tenemos en cuenta que la mayoría
de los internos son personas carenciales
que necesitan reaprender autoconocimiento,
autoestima, autocontrol, valores
humanos, habilidades sociales, educación
básica, formación laboral, etcétera, resulta
evidente que nos hallamos muy deficitarios,
al menos, en psicólogos, educadores,
trabajadores sociales y monitores, profesionales
de la conducta más necesarios para
recomponer en los internos su desestructuración
personal, familiar y social. A
esta deficiencia en cantidad, me atrevería
añadir calidad; y no porque adolezcamos
de competencia profesional los que trabajamos
en este campo: hay de todo, como
en cualquier otro. El problema radica, en
mi opinión, en la falta de preparación para
la intervención en contexto penitenciario.
Señala Valverde (1991) que los tres
elementos básicos para esta intervención
deben ser: educador-terapeuta, paciente y
contexto 18 . Siendo éste anormalizador, el
paciente inadaptado responde como lo
demanda su entorno. Por tanto, el educador
debe ser capaz de empatizar con el
inadaptado para poder comprender, explicar
y orientar la intervención y sus posibilidades
de éxito. Para este autor, el delito
no constituye el elemento esencial del
diagnóstico. Lo más importante son los
procesos conductuales desarrollados, no el
acto concreto del delito, que tiene su importancia
a la hora de realizar un diagnóstico
e intervención pero a otros niveles.
Lo que se produce en los equipos de tratamiento
de nuestros centros se le parece
poco. En los análisis de los casos para su
valoración tratamental suele predominar
la opinión del jurista recordando los hechos
delictivos y determinando el resultado
del acuerdo. Mientras, no se tienen en
cuenta los elementos precursores de un
determinado comportamiento y los profesionales
de la conducta que debieran estudiar
los porqués y establecer los programas
de intervención asumen muy a menudo
un papel secundario.
Posibilidades
No se pueden negar las muchas posibilidades
que ofrece nuestro sistema. Sólo me
voy a referir, por una parte, a las indicadas
en el nuevo RP (1996), que dedica el
título VII a las formas especiales de ejecución;
entre ellas, los centros de inserción
social (CIS), unidades extrapenitenciarias,
unidades dependientes y unidades de ma-
18 Valverde, J.: La cárcel y sus consecuencias, págs.
145 y sigs., Popular, Madrid, 1991.
dres con niños menores. Y, por otra, las
recogidas en el nuevo CP (1995), que en
su exposición de motivos considera que el
nuevo sistema de penas permitirá alcanzar
“los objetivos de resocialización que la
Constitución le asigna”. Aunque esta afirmación
resulta algo pretenciosa, sí merecen
destacarse algunas medidas penales
como arrestos fin de semana, trabajos en
beneficio de la comunidad, suspensión y
sustitución de la pena, que indudablemente
representan un avance con respecto
al CP anterior.
1. Los CIS
Los principios que inspiran y los objetivos
que persiguen los centros de inserción
social (CIS) quedarían resumidos en: escasas
medidas de control, autorresponsabilidad,
normalización, prevención de la
desestructuración familiar y social, y coordinación
con instituciones y colectivos
que trabajan en la reinserción de estas
personas. Este método de régimen abierto
o tercer grado de tratamiento intenta
conseguir la finalidad asignada por mandato
constitucional a las penas privativas
de libertad. Ofrece una menor reincidencia
y un menor coste económico y social
porque al penado se le aparta pero no se
le aísla de la sociedad. Si esto es así, ¿por
qué no se desarrolla más? A numerosos
delincuentes drogadictos, primarios, ocasionales
o que han demostrado su cambio
de conducta durante varios años, les correspondería
justamente este tratamiento.
2. Unidades extrapenitenciarias
y dependientes
Con esta modalidad de tercer grado el
nuevo RP viene a cubrir una deficiencia
del reglamento anterior 19 y a desarrollar lo
que establece la LOGP sobre la conveniencia
de “solicitar la colaboración de los
ciudadanos, instituciones o asociaciones
públicas o privadas ocupadas en la resocialización
de los reclusos”. La irrupción de
las drogodependencias en el mundo delincuencial
originó la necesidad de la actuación
de muchos colectivos sociales para
hacer frente a este problema desde un horizonte
que no fuese meramente punitivo.
Así, se fueron desarrollando un buen número
de comunidades terapéuticas con
cientos de beneficiarios en proceso de deshabituación
de drogas. Sin embargo, si te-
19 El reglamento anterior se refería al tercer grado
en los artículos 45 y 43; solamente en éste, in fine,
se refería a la posibilidad de colaboración de asociaciones
o instituciones. Sin embargo, el reglamento actual
dedica a este tema varios capítulos.
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