Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

Procuraduría General de la República—que se filtró en noviembre de 2012—que incluye los
nombres de más de 25.000 personas desaparecidas o extraviadas durante el gobierno de
Calderón y cuyo paradero aún se desconoce. Si bien la lista contiene información
incompleta y la metodología que se aplicó para prepararla es defectuosa, la cifra no deja
dudas sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones.
Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las
desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis
más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América
Latina en las últimas décadas. Si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y
no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el
pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy
probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas
en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos.
No obstante, un enfoque distinto es posible. Y Human Rights Watch pudo comprobarlo en
el estado de Nuevo León, donde en respuesta a las presiones de familiares de víctimas y
defensores de derechos humanos, los agentes del Ministerio Público han dejado atrás un
patrón de inacción y falta de diligencia, y han comenzado a examinar seriamente un grupo
específico de casos de desapariciones. Los esfuerzos de estos funcionarios les permitió
recuperar la confianza de los familiares de las víctimas, y conseguir de este modo que
colaboren con las investigaciones, lo cual ha sido crucial para identificar nuevas pistas y
reunir pruebas valiosas. Si bien hasta el momento los resultados de estas investigaciones
siguen siendo moderados y son muy pocas las personas desaparecidas que han sido
halladas, el enfoque ofrece un modelo para superar algunos de los mayores obstáculos
para la resolución de los casos de desapariciones.
En definitiva, el éxito de estas y otras iniciativas impulsadas en los estados dependerá en
gran medida de que el gobierno federal tenga la capacidad y el interés necesarios para
cumplir con su parte. Se trata, después de todo, de un problema de alcance nacional, que
en muchos casos involucra a las fuerzas de seguridad federales y organizaciones
delictivas cuya presencia en los estados no reconoce fronteras. Es posible que las fosas
comunes halladas en un estado contengan restos de personas que fueron desaparecidas
en otros. Resulta fundamental adoptar una estrategia integral—basada en iniciativas de
3 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013