Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

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por lo que no es posible identificar a las víctimas [o] determinar la fuente de las presuntas violaciones” 489 . Se trata de un señalamiento curioso y sin sustento, ya que en la gran mayoría de los casos el informe identifica a las víctimas y a las entidades estatales específicas implicadas 490 . Asimismo, contrariamente a lo señalado en su carta, el informe sí ofrece una descripción detallada de los casos sobre la base de las numerosas evidencias recogidas de distintas fuentes, que incluyen pericias médicas, fotografías tomadas en el lugar de los hechos, testimonio de testigos, sentencias judiciales, comunicaciones verbales y escritas de servidores públicos, y grabaciones de video de procedimientos judiciales, entre otras. También V.E. afirma que “…lamenta[n]…” que “…no se haya permitido al Gobierno Federal y a ninguna autoridad mexicana, ya no digamos dar su versión de los hechos, sino que ni siquiera se les haya brindado la oportunidad de conocer las imputaciones” 491 . De hecho, en el curso de nuestra investigación, que se extendió durante dos años, intentamos en reiteradas oportunidades reunirnos con las autoridades relevantes para conocer su versión de los hechos. Funcionarios de Human Rights Watch se reunieron con autoridades de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial de la Federación, así como con funcionarios municipales y de los estados, incluidos alcaldes, procuradores generales, jefes de policía y visitadores de las comisiones estatales de derechos humanos, para analizar casos concretos, además de los patrones más generales de abuso e impunidad documentados. Cada una de estas autoridades están debidamente citadas a lo largo del informe. En los casos en que no se incluyen versiones oficiales, esto se debe principalmente a que algunas autoridades se rehusaron a responder nuestras consultas, o bien proporcionaron información incompleta o manifiestamente imprecisa. Por ejemplo, durante la gestión de V.E. como vocero de seguridad nacional le escribimos solicitándole información sobre investigaciones federales de casos de homicidios, y nos negó la información solicitada con el argumento de que se trataba de información “estrictamente reservada” 492 . Si bien presentamos nuevamente el pedido y señalamos que en nuestra opinión la información no 489 Carta enviada por el Dr. Poiré, 10 de enero de 2012, pág. 7. 490 Como se señaló en nuestro informe, Human Rights Watch mantuvo bajo reserva la identidad de algunas personas en los casos excepcionales en que las víctimas, sus familiares o testigos pidieron que no se divulgara sus nombres y se preservara su identidad, por temor a represalias. 491 Carta enviada por el Dr. Poiré, 10 de enero de 2012, pág. 2. 492 El 8 de junio de 2011, Human Rights Watch envió una solicitud de información a V.E. para conocer en cuántos de los cerca de 35.000 homicidios presuntamente vinculados con el narcotráfico ocurridos entre diciembre de 2006 y enero de 2010 se había aplicado una condena penal. En su respuesta del 5 de julio, V.E. afirmó que “la averiguación previa así como todos los documentos... que le estén relacionados, son estrictamente reservados”, y citó a modo de justificación el Código Federal de Procedimientos Penales. Sin embargo, la información que solicitamos se vinculaba con procedimientos legales que hubieran concluido en condenas penales, con lo cual no se justificaba mantener bajo reserva los datos solicitados. LOS DESAPARECIDOS DE MÉXICO 186
tenía carácter reservado conforme a la ley, lamentablemente no recibimos respuesta de su oficina 493 . Impunidad por abusos Otra de las conclusiones fundamentales de nuestro informe es que casi ninguno de los soldados y policías responsables de los abusos documentados ha rendido cuentas por sus actos, en gran parte debido a fallas sistemáticas en las investigaciones. Su carta se refiere a esta conclusión como “una de las aseveraciones más temerarias” 494 del informe, y procura refutarla señalando que los funcionarios federales sí investigan todos los casos de derechos humanos de los cuales tienen conocimiento. Sin embargo, su respuesta no aborda nuestra preocupación de fondo, que no tiene que ver con la cantidad de las investigaciones, sino con su calidad. Nuestro informe presenta un número importante de ejemplos detallados sobre omisiones inaceptables y sistemáticas por parte de autoridades que investigan casos de derechos humanos. Estas omisiones incluyen, entre otras, la falta de pericias balísticas o recolección de evidencias en el lugar de los hechos en casos de presuntos asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, falta de pericias médicas que la ley exige para las víctimas de tortura, y negligencia frente a denuncias sobre personas desaparecidas. El informe también ofrece datos oficiales que demuestran que son muy pocos los precedentes en que las investigaciones de casos de derechos humanos redundan en condenas. Por ejemplo, de las 3.671 investigaciones iniciadas entre enero de 2007 y julio de 2011 en el sistema de justicia penal militar sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por soldados 495 , tan sólo en 29 casos hubo condenas 496 . Solamente dos funcionarios han sido condenados por la justicia federal por cometer torturas entre 1994 y junio de 2010 (la fecha más reciente sobre la cual hay datos disponibles) 497 . Asimismo, el informe alude al record de reconocidos organismos 493 Human Rights Watch, Ni Seguridad, Ni Derechos, pág. 25. 494 Carta enviada por el Dr. Poiré, 10 de enero de 2012, pág. 13. 495 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), respuesta a pedido de información 0000700066911 presentado por Human Rights Watch el 18 de abril de 2011. Human Rights Watch recibió una respuesta parcial el 3 de mayo de 2011, en función de la cual presentó un pedido adicional el 27 de junio de 2011, y recibió una respuesta de la SEDENA, 0000700203322, el 5 de julio de 2011. 496 Ibíd. Según datos proporcionados en respuesta al pedido de información mencionado precedentemente, 15 soldados fueron condenados por delitos vinculados con violaciones de derechos humanos entre enero de 2007 y julio de 2011. Otros 14 militares fueron condenados el 28 de octubre de 2011, de acuerdo con un comunicado de prensa divulgado por la SEDENA aproximadamente una semana antes de que Human Rights Watch presentara su informe. Comunicado de prensa de la SEDENA, 3 de noviembre de 2011, Lomas de Sotelo, México D.F., http://www.sedena.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/comunicadosde-prensa/7980-3-de-noviembre-de-2011-lomas-de-sotelo-df. 497 Procuraduría General de la República, Oficio N.° SJAI/DGAJ/05383/2010, Folio 0001700097810, 8 de septiembre de 2010 (en los registros de Human Rights Watch). 187 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013
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