Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

individuales y los aplicaron a otros casos de desapariciones que estaban a su cargo. Más
de 50 presuntos responsables han sido consignados en siete averiguaciones previas
abordadas a través de “reuniones de trabajo” con familiares y defensores de derechos
humanos. Incluso en los casos en que no hubo consignados, las investigaciones
igualmente tuvieron avances, ya que los agentes del Ministerio Público adoptaron
medidas hasta entonces relegadas—como citar a interrogatorios a presuntos implicados,
identificar a testigos y exigir a las compañías telefónicas que entreguen los registros de
los teléfonos celulares de víctimas—con mayor determinación y urgencia.
Estas mejoras cualitativas en el trabajo vinculado con causas específicas han estado
acompañadas por reformas institucionales y legales más amplias, destinadas a fortalecer
la capacidad de las autoridades de investigar y procesar estos delitos, como la aprobación
de reformas que tipifican las desapariciones forzadas, la asignación de policías
ministeriales especializados a la investigación de desapariciones y la redacción de un
manual de investigación que describe los pasos fundamentales que deben seguir todos
los agentes del Ministerio Público cuando intervengan en casos de desaparición.
A pesar de todos los avances que se han logrado en la investigación de desapariciones
ocurridas en Nuevo León, aún subsisten enormes obstáculos que se interponen a la
posibilidad de investigar estos hechos de manera efectiva y encontrar a quienes están
desaparecidos. Algunas autoridades cuyos aportes son clave para impulsar
investigaciones a menudo no cooperan con los agentes del Ministerio Público en la
resolución de los casos o, peor aún, obstaculizan deliberadamente estos esfuerzos. Es
entendible que, frustrados ante los escasos avances conseguidos en las investigaciones,
algunos familiares duden del compromiso de las autoridades—sobre todo teniendo en
cuenta sus experiencias anteriores—, pierdan esperanzas en el proceso y dejen de
colaborar con los agentes del Ministerio Público. Y los agentes del Ministerio Público del
estado han actuado con una lentitud alarmante al aplicar las rigurosas prácticas de
investigación definidas a través de las “reuniones de trabajo” a otros cientos de casos de
desapariciones que no son supervisados directamente por familiares y defensores de
derechos humanos, y a veces incluso han repetido los mismos errores y omisiones en la
investigación de nuevos casos.
Debido a estos y otros graves obstáculos, los avances en las investigaciones han sido
limitados. El paradero de casi la totalidad de las personas desaparecidas aún se
11 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013