Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

En los casos en que los agentes del Ministerio Público sí inician una investigación, con
frecuencia solicitan a los familiares de las víctimas que se ocupen de algunas tareas que
son parte de la investigación y deberían ser realizadas por funcionarios, como entrevistar
a testigos e intentar localizar a presuntos responsables. Es pertinente y, sin duda,
necesario que los agentes del Ministerio Público colaboren con familiares de las víctimas
en la investigación de desapariciones. No obstante, en todos los casos analizados, Human
Rights Watch comprobó que se dependía de manera desproporcionada, o incluso absoluta,
de la colaboración de los familiares para llevar a cabo tareas de investigación básicas.
Como parte de este círculo vicioso, los familiares continúan asumiendo responsabilidades
que corresponden a las autoridades porque saben que los funcionarios a cargo de la
investigación no actuarán por su propia iniciativa. Y en vez de cumplir con aspectos de la
investigación que son de su incumbencia, algunos agentes del Ministerio Público y
funcionarios de seguridad pública se acostumbran progresivamente a delegar estas tareas
a familiares de las víctimas. Los familiares no sólo no están capacitados para trabajar en
estos aspectos de la investigación, sino que esto puede exponerlos a un riesgo
considerable: en varios casos, la iniciativa de los familiares, que actuaban a instancias de
agentes del Ministerio Público, hizo que fueran objeto de amenazas y agresiones.
Además de depender excesivamente de los familiares, a menudo los agentes del
Ministerio Público no adoptan medidas básicas para la investigación. Entre las omisiones
más habituales documentadas por Human Rights Watch se incluyen las siguientes: no
entrevistar a familiares de las víctimas, testigos u otras personas que podrían haber
aportado datos relevantes; no entrevistar a posibles responsables; no seguir pasos de
investigación obvios, como obtener los nombres de policías y soldados asignados a
unidades implicadas en las desapariciones; y no visitar el lugar de los hechos para
recabar pruebas. Incluso en los casos en que los funcionarios judiciales cumplieron pasos
básicos de las investigaciones, a menudo esperaban demasiado tiempo para concretar
estas tareas y, para entonces, ya no era posible identificar posibles indicios.
En algunos casos los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública
extraviaron pruebas cruciales, como muestras de ADN de familiares de víctimas, y
cometieron errores al recopilar información clave sobre los hechos, como registrar datos
erróneos respecto de dónde o cuándo desaparecieron las víctimas. En algunas instancias
policías y funcionarios judiciales falsificaron pruebas—por ejemplo, indicaron haber
efectuado entrevistas que nunca realizaron—y en otras manipularon o destruyeron
7 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013