Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

organizada. En los demás casos, no pudimos determinar, a partir de la evidencia
disponible, si hubo participación de actores estatales en el delito, si bien esta posibilidad
no queda excluida.
En casi todos los casos, las autoridades no adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas
para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido. Fueron excepcionales los casos en
que los agentes del Ministerio Público tomaron medidas básicas de investigación que son
cruciales para encontrar a personas desaparecidas. Muchas veces, incluso, se mostraron
más proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, en clara señal de que
no consideran prioritaria la solución de este tipo de casos, indicaron a los familiares que
efectuaran la búsqueda por sus propios medios. Cuando los agentes del Ministerio
Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se vieron contrarrestados por demoras,
errores y omisiones. Las búsquedas e investigaciones también debieron superar otros
obstáculos estructurales, incluidas normas excesivamente acotadas y ausencia de
herramientas indispensables, como una base de datos nacional sobre personas
desaparecidas.
Los esfuerzos ineficaces o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar
a personas que fueron sustraídas potencian el sufrimiento de los familiares de las
víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos provoca un
desconsuelo constante. Muchos familiares postergan todos los demás aspectos de su
vida y se dedican exclusivamente a buscar a las personas desaparecidas, una tarea que,
según sienten, no pueden abandonar hasta saber la verdad. Más grave aún, los familiares
de víctimas pueden perder acceso a servicios sociales y beneficios básicos—como
atención de la salud y cuidado de los niños—que recibían anteriormente a través del
empleo de la víctima. Esto los obliga a intentar recuperar los beneficios, lo cual conlleva
un alto costo económico y emocional.
Los casi 250 casos documentados en este informe no representan en absoluto la totalidad
de las desapariciones ocurridas en México durante el gobierno del ex Presidente Calderón.
Por el contrario, no existen dudas de que hay miles de casos más. Por ejemplo,
funcionarios de Coahuila indicaron a Human Rights Watch que 1.835 personas habían
desaparecido solamente en ese estado entre diciembre de 2006 y abril de 2012. Incluso
más preocupante es una lista provisoria elaborada por la Secretaría de Gobernación y la
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