Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

otras formas de detención pueden llevarse a cabo sin antes obtener una orden judicial.
Hasta diciembre de 2012 354, el Código Procesal Penal de Nuevo León permitía detener a
personas por flagrancia hasta 60 horas después de la comisión del delito355 . Esta
definición coincide con un patrón general que existe en México, y en el cual las
autoridades aplican una interpretación excesivamente amplia—y en muchos casos
claramente absurda—acerca de qué constituye el período “inmediatamente posterior” a
un delito, durante el cual se pueden efectuar detenciones por flagrancia. Luego, para
justificar estas detenciones, a menudo los funcionarios apelan a señales ambiguas y
subjetivas que no vinculan a los sospechosos con delitos concretos ni tampoco ameritan
su detención inmediata356 . Tales definiciones otorgan a las fuerzas de seguridad una
discrecionalidad desmedida que puede dar lugar a detenciones arbitrarias, y esto fomenta
condiciones en las cuales hay mayores probabilidades de que se produzcan
desapariciones forzadas. En diciembre de 2012, los legisladores del estado de Nuevo León
reformaron la ley y eliminaron la disposición que permitía las detenciones en flagrancia
hasta 60 horas después de ocurrido el delito357 .
El cuarto cambio clave fue la designación a principios de 2012, por el Procurador General
de Justicia, de cinco policías ministeriales para que trabajen exclusivamente en casos de
desapariciones. La policía ministerial lleva a cabo investigaciones de campo para los
agentes del Ministerio Público, que incluyen actividades como identificar a testigos y
visitar el lugar de los hechos. En octubre de 2012, varios agentes del Ministerio Público
comentaron a Human Rights Watch que los policías designados habían demostrado ser
mucho más diligentes y confiables que otros policías ministeriales, y que estaban
adquiriendo experiencia verdaderamente valiosa para investigar las desapariciones. En
354 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
(consultado el 16 de septiembre de 2011), art. 16. La Constitución mexicana exige que las autoridades obtengan una orden
judicial antes de llevar a cabo allanamientos y detenciones. Para que se dicte una orden judicial de detención, el agente del
Ministerio Público que la solicite debe probar ante un juez que existe un delito, que el presunto responsable tiene
vinculación con el delito y que hay información que señala la posible culpabilidad del sospechoso.
355 Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, Periódico Oficial de Nuevo León, 5 de julio de 2011,
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/codigos/codigo_procesal_penal_para_el_estado_de_nuevo_leon/, art.
174.
356Human Rights Watch, Ni Seguridad, Ni Derechos, “Abuso de la excepción de 'flagrancia'”.
357 Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, Periódico Oficial de Nuevo León, 2011, reformado el 28 de
diciembre de 2012,
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/codigos/codigo_procesal_penal_para_el_estado_de_nuevo_leon/, art.
174.
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