Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

Resumen ejecutivo
Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012, recibió un
país asolado por la violencia vinculada al narcotráfico, que le costó la vida a más de
60.000 mexicanos a lo largo de seis años. La “guerra contra el narcotráfico” iniciada por
su predecesor, Felipe Calderón, tuvo resultados calamitosos. No sólo no logró contener a
las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que además generó
un incremento dramático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por
miembros de las fuerzas de seguridad a las cuales se encomendó la misión de enfrentar a
esas organizaciones. En vez de reforzar la seguridad pública, estos abusos exacerbaron el
clima de violencia, caos y temor.
Durante gran parte de su presidencia, Calderón negó que las fuerzas de seguridad
hubieran cometido abusos, a pesar de que cada vez más evidencias indicaban lo contrario.
Recién en el último año de su mandato reconoció que se habían producido violaciones de
derechos humanos y adoptó una serie de medidas positivas—aunque muy limitadas—para
erradicar algunas prácticas abusivas. Sin embargo, no logró cumplir con su principal
obligación fundamental de asegurar que las gravísimas violaciones de derechos humanos
cometidas por militares y policías fueran investigadas y se juzgara a los responsables.
Esa responsabilidad le corresponde ahora al Presidente Peña Nieto. Y en ningún caso es
más urgente que en el de aquellas personas que han sido llevadas contra su voluntad y
cuyo paradero aún se desconoce. La característica que distingue a estos delitos de otros
es que, mientras se ignore el destino de la víctima, tienen carácter continuo. Cada día que
pasa es otro día sin que las autoridades hayan encontrado a las víctimas, y otro día que
las familias siguen sufriendo por no saber qué les sucedió a sus seres queridos.
Human Rights Watch ha documentado casi 250 desapariciones de este tipo que se han
producido desde 2007. En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató
de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma
directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia. Estos delitos han
sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en
operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia
1 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013