Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

Los agentes del Ministerio Público federal y estatal obstaculizaron aún más la
investigación al transferirse la responsabilidad por el caso una y otra vez. Por ejemplo, los
agentes de la PGR remitieron el caso a los agentes del Ministerio Público estatal el 10 de
junio de 2009146 . Los agentes de la PGR justificaron su decisión argumentando que, a
pesar de los testimonios de testigos que indicaban la intervención de militares en el lugar
del hecho, “se desprende que es improbable que el Ejército de México se haya visto
involucrado en ese acontecimiento”. Los agentes de la PGR no explicaron cómo llegaron a
esta deducción, que ignora las pruebas mencionadas. Después de que distintas
subunidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila se transfirieran
una a otra la investigación, en junio de 2010 esta Procuraduría devolvió el expediente a la
PGR, según indicaron familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos
locales que trabajaban en el caso, con el argumento de que, debido a la posible
participación de militares, la causa correspondía a la jurisdicción federal147 .
Los agentes investigadores también extraviaron pruebas clave de la causa. El 5 de abril,
funcionarios de la procuraduría del estado recogieron 39 casquillos de bala en el lugar de
los hechos148 . La inspección de casquillos es importante para establecer si el Ejército
participó en el incidente, ya que algunas balas solamente son utilizadas por las Fuerzas
Armadas y, por lo tanto, esto podría ayudar a determinar si hubo intervención de militares
en los disparos. Sin embargo, cuando los agentes del Ministerio Público estatal remitieron
la investigación a sus pares federales, no entregaron los casquillos encontrados en el
lugar. A su vez, a pesar de que la existencia de los casquillos se mencionaba en el
expediente de los agentes del Ministerio Público estatal, los agentes de la PGR no
advirtieron su ausencia. Fueron los familiares de las víctimas quienes notaron que no
estaban cuando pidieron revisar el expediente de la PGR. Al darse cuenta de que los
casquillos no estaban, la madre de Uribe Hernández presentó una denuncia oficial en la
cual exigía a los agentes del Ministerio Público del estado que entregaran los casquillos a
los agentes investigadores federales. “[Los procuradores federales] me informan que aquí
146 Procuraduría General de la República, Acuerdo de Consulta de Incompetencia, AP/PGR/COAH/TORR/AGII-I/178/2009,
Torreón, Coahuila, 10 de junio de 2009.
147 Entrevista de Human Rights Watch con Claudia Janeth Soto Rodríguez y María Esmerelda Soto, 24 de marzo de 2012;
entrevista de Human Rights Watch con Blanca Martínez y Alma García, directora y abogada de Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), una coalición formada por familiares de desaparecidos en Saltillo, Coahuila, 23 de
abril de 2012. El 12 de junio de 2010, el agente investigador de la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al
Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado transfirió la investigación AP 005/2009 a la PRG en Torreón.
148 Para ver una fotografía de los casquillos recuperados en el lugar de los hechos, ver “Hallan tras intenso tiroteo
camioneta baleada y con rastros sanguinolentos”, Express (Coahuila), 6 de abril de 2009.
55 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013