Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

sábanas de llamadas de los celulares, ni registrábamos los vehículos robados [de las
víctimas]. No buscábamos las cámaras de seguridad. Ahora, ya todo se hace por rutina” 350 .
Un segundo cambio clave fue la reforma del Código Penal del estado para tipificar las
desapariciones forzadas que, anteriormente, no constituían un delito en Nuevo León. En
noviembre de 2012, el Congreso de Nuevo León aprobó la reforma tras varios meses de
trabajar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México, Human Rights Watch, defensores de derechos humanos locales y
familiares de víctimas, y con el apoyo pleno de la Procuraduría General de Justicia del
estado 351 . La norma, que fue ratificada por el Gobernador Medina en diciembre 352 , puso fin
a inexactitudes y omisiones de los proyectos anteriores que habrían sido incompatibles
con los compromisos asumidos por México a través de tratados internacionales de
derechos humanos353 . Por ejemplo, los proyectos anteriores no contemplaban sanciones
para las autoridades que autorizaran o facilitaran desapariciones forzadas mediante su
complicidad o aquiescencia, sino que limitaban la responsabilidad a funcionarios que
hubieran participado directamente en las desapariciones. Además de contravenir lo
establecido en normas internacionales, esta definición en exceso acotada habría limitado
considerablemente la capacidad de los agentes del Ministerio Público de investigar a
autoridades que tuvieran pleno conocimiento de que se estaban produciendo
desapariciones forzadas e, igualmente, no adoptaron ninguna medida. Este error se
subsanó en la reforma que finalmente se sancionó en diciembre.
Un tercer cambio clave restringió la definición excesivamente amplia contenida en el
Código Penal de Nuevo León sobre las detenciones efectuadas en flagrancia, la cual había
contribuido a generar condiciones que propiciaban las desapariciones forzadas. En el
derecho mexicano, las detenciones por flagrancia son aquellas supuestamente
concretadas en el momento mismo en que una persona comete un delito, y a diferencia de
350 Entrevista de Human Rights Watch con Eduardo Ayala Garza, 25 de octubre de 2012.
351 María Alejandra Arroyo, “Tipifican en Nuevo León desaparición forzada, con penas hasta 40 años”, 14 de noviembre de
2012, http://www.jornada.unam.mx/2012/11/14/estados/038n2est (consultado el 28 de diciembre de 2012).
352 Código Penal para el Estado de Nuevo León, Periódico Oficial de Nuevo León, 1990, según reforma del 13 de diciembre de
2012,
http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0007_00093957_000001.pdf, arts. 432-443 (consultado el 8
de enero de 2013).
353 Carta enviada por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, al Congreso de Nuevo León
sobre la tipificación de la desaparición forzada, 26 de octubre de 2012, http://www.hrw.org/news/2012/10/26/mexicoletter-nuevo-le-n-congress-criminalizing-enforced-disappearances
(consultado el 16 de noviembre de 2012).
111 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013