Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

Calderón se había referido abiertamente a su estrategia de seguridad pública como una
“guerra” contra los narcotraficantes o la delincuencia organizada, y consultamos la
mayoría de estas declaraciones a través del sitio web oficial de la presidencia.
La carta de Poiré también cuestionaba nuestra afirmación de que la tortura constituía un
problema “sistemático” en los cinco estados donde llevamos a cabo nuestra
investigación385 . Sin embargo, como se explica en nuestra respuesta, encontramos
evidencias de que se produjeron torturas en todos los estados examinados, mediante los
mismos métodos específicos (descargas eléctricas, asfixia por ahogamiento y otras
técnicas de asfixia), en circunstancias similares (cuando las víctimas fueron detenidas
supuestamente en flagrancia o sin la correspondiente orden de detención), en lugares
similares (bases militares o estaciones de policía) y con la misma finalidad (obtener
información o confesiones por medios coercitivos). Existían motivos válidos para concluir
que se trataba de una práctica sistemática.
Asimismo, Poiré expresó que “lament[aba]” que “no se haya permitido al Gobierno Federal y
a ninguna autoridad mexicana, ya no digamos dar su versión de los hechos, sino que ni
siquiera se les haya brindado la oportunidad de conocer las imputaciones” 386 . Sin embargo,
como se indicó en nuestra respuesta, durante nuestra investigación intentamos
reiteradamente reunirnos con las autoridades relevantes para conocer su versión de los
hechos. Varios representantes de Human Rights Watch se reunieron con funcionarios de la
Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional
y la Secretaría de Gobernación, además de funcionarios municipales y de los estados, para
analizar casos concretos y patrones de abuso en general. Todas estas autoridades fueron
debidamente citadas en el informe. En los casos en que no se incluyeron versiones oficiales,
esto se debió principalmente a que algunas autoridades se rehusaron a responder nuestras
consultas o bien proporcionaron información incompleta o falsa.
Estas y otras afirmaciones infundadas, indicó Human Rights Watch, podían interpretarse
como una demostración de que el gobierno de Calderón no estaba considerando seriamente
su obligación jurídica de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos
documentadas en nuestro informe. Sin embargo, dado que consideramos prioritario que las
385 Ibíd.
386 Ibíd., pág. 2.
125 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013