Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

intergubernamentales que han llegado a conclusiones similares, como el Grupo de Trabajo
de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Dicho grupo concluyó el año
pasado que la “…impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones
forzadas y no se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el
paradero de las personas desaparecidas, para sancionar a los responsables, ni tampoco
para brindar reparaciones” 498 .
Con respecto a sus observaciones acerca del número de investigaciones sobre violaciones
de derechos humanos a nivel federal, cabe destacar que las estadísticas que menciona en
su carta en verdad corresponden a la cifra total de investigaciones penales por crímenes
comunes que se encuentra en el fuero federal, y no necesariamente a casos de violaciones
de derechos humanos. 499 De manera similar, los únicos tres casos que menciona como
prueba del compromiso de las autoridades para llevar a los responsables de abusos ante la
justicia no son en realidad casos de violaciones de derechos humanos, sino delitos
comunes cometidos presuntamente por actores no estatales como son los
narcotraficantes. 500 Y, de hecho, el único de estos casos en el cual se obtuvo una condena—
me refiero al asesinato de un grupo de estudiantes en Villas de Salvárcar— 501 es un claro
ejemplo del tipo de abusos e impunidad que documentamos en nuestro informe. En efecto,
de acuerdo a nuestra investigación y las conclusiones de la CNDH, al menos uno de los
presuntos autores en este caso fue torturado para que confesara su participación en este
crimen 502 . Más aún cuando el supuesto autor intentó retractarse durante el juicio—y declaró
que había confesado tras ser sometido a golpizas, asfixia, descargas eléctricas y amenazas
de muerte—la jueza rechazó su testimonio y aceptó su confesión inicial como válida 503 .
498
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, “El Grupo de Trabajo sobre las
desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México,” comunicado de prensa, 31 de marzo de 2011,
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=E (consultado el 1 de abril de 2011).
499
Carta enviada por el Dr. Alejandro Poiré Romero a Human Rights Watch, 10 de enero de 2012, pág. 15.
500
Ibíd. Según su carta, “Por otra parte, fueron esclarecidos asuntos tan lamentables y complejos como los homicidios
múltiples registrados en San Fernando, Tamaulipas; el asesinato de un grupo de jóvenes estudiantes en Villas de Salvárcar en
Ciudad Juárez, o el homicidio de varias personas en el Incendio [sic] del Casino Royale en Monterrey, por mencionar algunos”,
pág. 15.
501
El caso, que tuvo amplia repercusión, se relaciona con el asesinato de un grupo de estudiantes ocurrido durante una fiesta
en la noche del 30 al 31 de enero de 2010, en el barrio de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez. El Presidente Calderón señaló en
un primer momento que la masacre había sido consecuencia de un enfrentamiento entre miembros de bandas rivales de
pandilleros, y dio por sentado que las víctimas también eran miembros de pandillas. Ante la indignación de los familiares de
las víctimas, el gobierno federal se vio obligado posteriormente a emitir una disculpa pública. Ver, por ejemplo, Rubén
Villalpando, “Gómez Mont ofrece disculpas por palabras equivocadas de Calderón”, La Jornada, 9 de febrero de 2010,
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/09/politica/003n1pol (consultado el 15 de octubre de 2011).
502
Human Rights Watch. Ni Seguridad, Ni Derechos, “Detención ilegal y tortura de un civil, Ciudad Juárez, Chihuahua,” págs.
83-89; Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 49/2011, 30 de agosto de 2011,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2011/049.pdf (consultado el 15 de septiembre de
2011).
503
Grabación en DVD de Audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 10036/2010 en contra de Israel Arzate
Meléndez y José Dolores Arroyo Chavarria en el CERESO estatal del Distrito Judicial Bravos, 11 de febrero de 2010 (en los
registros de Human Rights Watch).
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