Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

econocen su supuesta culpabilidad, sino que sirven a posteriori para encubrir los abusos
de miembros de las fuerzas de seguridad cometidos antes y durante los interrogatorios
coercitivos. Habida cuenta de la prevalencia de esta práctica, y las dudas que genera
respecto de la veracidad de las confesiones obtenidas por los funcionarios, el presente
informe únicamente hace referencia a confesiones de personas sobre su presunta
participación en delitos cuando esas declaraciones son coincidentes con otras evidencias
creíbles que las corroboran, como relatos de testigos, grabaciones de video o informes
oficiales sobre detenciones. Y cada vez que en el informe se citan tales confesiones,
Human Rights Watch ha indicado que el uso extendido de la tortura debe ser tenido en
cuenta al considerar su valor probatorio.
El informe también indica si hay personas consignadas en los casos de desaparición. Si
bien conforme al derecho mexicano para ser consignado en relación con un delito se
requiere autorización judicial, esto no implica una manifestación de culpabilidad ni debe
entenderse como tal.
Durante la investigación, Human Rights Watch realizó más de 100 entrevistas a un amplio
espectro de actores, incluidos procuradores generales, agentes del Ministerio Público,
jefes de fuerzas de seguridad pública, policías, legisladores, funcionarios de la CNDH y las
comisiones de derechos humanos de los estados, familiares de víctimas, defensores de
derechos humanos, periodistas y otras personas, además de diversos funcionarios
federales. También utilizamos estadísticas oficiales, que obtuvimos por medio de
entrevistas, mensajes de correo electrónico y pedidos de información pública enviados a
través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
En algunas de las entrevistas realizadas por Human Rights Watch, familiares de víctimas,
amigos y testigos pidieron que no se divulgaran sus nombres ni los de las personas
desaparecidas. A menudo, este pedido era motivado por el temor a la posibilidad de que
hablar en público sobre el caso pudiera causar algún perjuicio a la persona desaparecida
o incluso provocar nuevas desapariciones como represalia por denunciar los delitos
cometidos por organizaciones delictivas o autoridades. Por motivos similares, otros
pidieron que no se incluyan en el informe los casos que relataron a Human Rights Watch.
Varios funcionarios estatales que hablaron con Human Rights Watch sobre desapariciones
pidieron que no se revelara su nombre, pero permitieron que identificáramos la institución
gubernamental en la cual trabajaban.
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