Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

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“frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”) 457 . Sin embargo, conforme al sistema jurídico mexicano, la sentencia dictada en julio de 2011 por la Suprema Corte no sentó un precedente jurídicamente vinculante para futuras causas relacionadas con presuntos abusos militares. Para que las sentencias adquieran carácter de precedentes vinculantes, la Suprema Corte debe dictar pronunciamientos similares en cinco causas consecutivas o emitir una interpretación de una norma que haya sido aplicada en un sentido diferente por tribunales de inferior jerarquía. En agosto de 2012, la Suprema Corte determinó en la causa Bonfilio Villegas que la jurisdicción militar no podía ser usada para investigar ni procesar penalmente a militares por la muerte de civiles. Villegas murió al ser alcanzado por disparos efectuados por soldados del Ejército en Guerrero, en 2009, cuando el autobús en el cual se trasladaba se alejó de un retén militar458 . La Suprema Corte dispuso que la causa por la muerte de Villegas debía tramitar en la justicia penal ordinaria, y que la aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar en este caso—invocado por agentes de la PGJM para intervenir en este tipo de causas—resultaba inconstitucional459 . No obstante, esta sentencia no constituye por sí sola jurisprudencia vinculante. Asimismo, aun cuando la Suprema Corte estableciera jurisprudencia vinculante que excluya de manera inequívoca de la jurisdicción militar todas las violaciones de derechos humanos, los agentes de la PGJM podrían igualmente iniciar investigaciones de casos de presuntos abusos militares y desestimar de este modo los derechos de las víctimas. Para revertir esta práctica se requiere reformar el Código de Justicia Militar especificando que ninguna violación de derechos humanos podrá estar alcanzada por la jurisdicción militar. En abril de 2012, la Comisión de Justicia del Senado de México aprobó un proyecto de ley que habría exigido remitir todos los casos de supuestas violaciones de derechos humanos a la justicia penal ordinaria. Sin embargo, debido a presiones de altos funcionarios del Ejército y la Marina, los líderes de los bloques en el Senado impidieron su votación antes 457Radilla Pacheco vs. México, 23 de noviembre de 2009 458 Human Rights Watch, Ni Seguridad, Ni Derechos, “Ejecución extrajudicial de un civil, Huamuxtitlán, Guerrero” págs. 192- 196. 459 Suprema Corte, Tribunal Pleno, Amparo en Revisión 133/2012, sentencia, 21 de agosto de 2012, http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/Amparo_revision_133_2012.pdf (consultado el 11 de febrero de 2013). 151 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013
de que concluyera el período de sesiones460 . Debido a esto, la práctica general no se ha modificado, y los resultados son los mismos: con la plena complicidad de la PGR, se siguen remitiendo casos de violaciones de derechos humanos—incluidas desapariciones forzadas—al sistema de justicia militar, donde continúan quedando impunes. Clasificación de desapariciones forzadas como delitos de menor gravedad e imposición de condenas poco severas por agentes de la PGJM y jueces militares La parcialidad y falta de diligencia por parte de agentes de la PGJM y jueces militares en la investigación y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos se evidencia en la actuación que han tenido en casos de desaparición forzada. Según información aportada por la SEDENA, entre diciembre de 2006 y el 19 de septiembre de 2012, no se condenó a ningún miembro de esta fuerza en la justicia militar por el delito de desaparición forzada461 . Durante ese mismo período, Human Rights Watch documentó más de 40 casos en los cuales las evidencias sugerían la participación de miembros del Ejército y la Marina en desapariciones forzadas. En varios casos, Human Rights Watch encontró evidencias contundentes de que agentes de la PGJM habían consignado a militares presuntamente implicados en desapariciones forzadas por delitos de menor gravedad. A su vez, en al menos tres casos en que los hechos sugerían que miembros de las Fuerzas Armadas habían cometido desapariciones forzadas, los registros aportados por autoridades militares mostraron que los jueces militares habían condenado a estas personas por delitos más leves. En respuesta a un solicitud presentada por Human Rights Watch para obtener expedientes de casos en los cuales soldados hubieran sido condenados por tribunales militares en relación con violaciones de derechos humanos cometidas desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el presente, la SEDENA proporcionó una lista con información sobre dos casos 460 Según versiones de los medios, el entonces Presidente de la Comisión de Justicia del Senado habría denunciado presiones militares. Ver Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “Congelado, el código de justicia castrense”, La Jornada, 26 de abril de 2012. http://www.jornada.unam.mx/2012/04/26/politica/009n2pol (consultado el 10 de febrero de 2013); Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “Beltrones y González Morfín abortaron reforma a ley militar”, La Jornada, 1 de mayo de 2012. http://www.jornada.unam.mx/2012/05/01/politica/018n1pol (consultado el 10 de febrero de 2013). 461 SEDENA, respuesta a pedido de información presentado a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) por Human Rights Watch, 0000700101012, 19 de septiembre de 2012, Oficio N.° 00004434. LOS DESAPARECIDOS DE MÉXICO 152
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