Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

de custodia y preservación de evidencias; y crear una base de datos federal
intergubernamental sobre personas desaparecidas.
Asimismo, estamos complacidos por las recientes declaraciones públicas del Secretario de
la Defensa General Guillermo Galván Galván, quién reconoció que las Fuerzas Armadas han
cometido “errores” en el cumplimiento de sus tareas y que “reconocerlos”—al igual que
sancionar a los responsables—es una muestra de lealtad a la institución. 510 Además
valoramos la declaración de General Galván Galván al señalar que, “…los órganos del fuero
de guerra…[se]… han pronunciado…” a favor de transferir casos sobre derechos humanos al
sistema de justicia penal ordinario, un paso importantísimo para reducir la impunidad por
los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. 511
Sin embargo, estas importantes declaraciones públicas no han resultado aún en cambios en
la práctica y las citadas iniciativas de reforma no comprenden ciertas áreas clave. El ejemplo
más notable de lo anterior es la falta de reforma del sistema de justicia penal militar. Tanto
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en cuatro sentencias recientes) como la
Suprema Corte de Justicia de la Nación han dispuesto que las violaciones a los derechos
humanos cometidos por los militares deben ser investigadas y juzgadas por la justicia penal
ordinaria, debido a la probada falta de imparcialidad e independencia del sistema de
justicia penal militar en el juzgamiento de estas causas. Sin embargo, en vez de cumplir con
lo dispuesto por la Corte Interamericana, en octubre de 2010 el Presidente presentó una
iniciativa que propone excluir tan sólo tres tipos de violaciones de derechos humanos de la
jurisdicción militar, reconociéndole amplias facultades discrecionales al fuero militar para la
clasificación de las denuncias recibidas, pese a que en el pasado han calificado crímenes
graves como delitos menores (que justamente continuarían en la jurisdicción militar según
el proyecto del Presidente Calderón) 512 .
A su vez, el gobierno del Presidente Calderón y las autoridades militares continúan
actuando y expresándose de un modo contradictorio con su compromiso de fortalecer la
vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho. Por ejemplo, el Presidente se ha
comprometido a reconocer a los derechos humanos un papel central en su estrategia de
510 “Discurso del C. General Secretario de la Defensa Nacional, en la Ceremonia Conmemorativa al XCIX Aniversario de la
Marcha de la Lealtad”, discurso, 9 de febrero de 2012, http://www.sedena.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/discursos
(consultado el 12 de febrero de 2012).
511 “Discurso del C. General Secretario de la Defensa Nacional, en la Ceremonia Conmemorativa al Día del Ejército”, discurso,
19 de febrero de 2012, http://www.sedena.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/discursos (consultado el 22 de febrero de 2012).
512 Por ejemplo, Human Rights Watch analizó 74 casos en que la CNDH comprobó que el Ejército había aplicado torturas o trato
cruel, inhumano o degradante. En casi dos tercios de los casos—51 de un total de 74—, observamos que los hechos de tortura
o tratos crueles, inhumanos o degradantes documentados por la CNDH habían sido clasificados por funcionarios de la justicia
militar como delitos de menor gravedad, tales como “agresión” o “abuso de autoridad”. En la reforma propuesta por Calderón
en 2010, estos delitos continuarían siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar. Human Rights Watch, Ni
Seguridad, Ni Derechos, págs. 63-65.
191 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013