Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

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Resulta extraño que V.E. cuestione de manera tan vehemente el uso de una denominación que el propio Presidente Calderón ha utilizado con gran frecuencia a lo largo de su sexenio para describir su política anti drogas. Asimismo, su carta intenta descalificar nuestra evaluación crítica de la estrategia de seguridad pública del Presidente Calderón, al atribuirnos la posición absurda “…que [en México] no se debió combatir a la criminalidad sin antes reformar las instituciones” 506 . Nuestro informe no contiene ninguna afirmación de esta naturaleza. En ningún momento hemos sostenido que México deba optar entre enfrentar a los carteles o fortalecer sus débiles instituciones. Por el contrario, hemos argumentado que para hacer frente a la grave amenaza que representa la delincuencia organizada, México debía abordar los problemas crónicos de abuso e impunidad en las fuerzas de seguridad, así como fortalecer y respaldar a las instancias judiciales, que desempeñan un rol clave en la desarticulación de organizaciones delictivas. Lamentablemente, es justamente en estas iniciativas de reforma y fortalecimiento institucional que el gobierno del Presidente Calderón no ha conseguido resultados significativos. Estrategia a futuro Afortunadamente, existe un aspecto del informe en el cual sí pareciéramos estar de acuerdo: nuestras recomendaciones para abordar los problemas de derechos humanos que afectan a la política de seguridad pública de México. Su carta reconoce que “la gran mayoría de [las recomendaciones] están en la dirección correcta” y que “el Presidente de la República ha ordenado que muchas se pongan en práctica de manera inmediata” 507 . En efecto, consideramos positivo el anuncio realizado por el Presidente Calderón en diciembre pasado 508 —y reiterado en su discurso en febrero de este año ante la CNDH— 509 cuando afirmó que estaba adoptando diversas medidas tendientes a terminar con las prácticas abusivas, tales como: ordenar que las fuerzas de seguridad pongan inmediatamente a los detenidos, incluidas aquellas personas detenidas en flagrancia, a disposición de los agentes del Ministerio Público del fuero común; ordenar a las fuerzas de seguridad que hagan públicas y, de ser necesario, actualicen las directivas sobre uso de la fuerza, cadena evento-limpiemos-mexico-estrategia-nacional-de-seguridad-programa-en-zona-de-recuperacion (consultado el 27 de enero de 2012). 506 Carta enviada por el Dr. Poiré, 10 de enero de 2012, pág. 4. 507 Ibíd., págs. 25-26. 508 “El Presidente Calderón en la Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011”, discurso, 9 de diciembre de 2011, http://www.presidencia.gob.mx/2011/12/el-presidente-calderon-en-la-entrega-del-premio-nacional-de-derechos-humanos- 2011/ (consultado el 10 de diciembre de 2011). 509 “El Presidente Calderón durante el informe de actividades de 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, discurso, 3 de febrero de 2012, http://www.presidencia.gob.mx/2012/02/el-presidente-calderon-durante-el-informe-deactividades-2011-de-la-comision-nacional-de-los-derechos-humanos/ (consultado el 5 de febrero de 2012). LOS DESAPARECIDOS DE MÉXICO 190
de custodia y preservación de evidencias; y crear una base de datos federal intergubernamental sobre personas desaparecidas. Asimismo, estamos complacidos por las recientes declaraciones públicas del Secretario de la Defensa General Guillermo Galván Galván, quién reconoció que las Fuerzas Armadas han cometido “errores” en el cumplimiento de sus tareas y que “reconocerlos”—al igual que sancionar a los responsables—es una muestra de lealtad a la institución. 510 Además valoramos la declaración de General Galván Galván al señalar que, “…los órganos del fuero de guerra…[se]… han pronunciado…” a favor de transferir casos sobre derechos humanos al sistema de justicia penal ordinario, un paso importantísimo para reducir la impunidad por los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. 511 Sin embargo, estas importantes declaraciones públicas no han resultado aún en cambios en la práctica y las citadas iniciativas de reforma no comprenden ciertas áreas clave. El ejemplo más notable de lo anterior es la falta de reforma del sistema de justicia penal militar. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en cuatro sentencias recientes) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dispuesto que las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares deben ser investigadas y juzgadas por la justicia penal ordinaria, debido a la probada falta de imparcialidad e independencia del sistema de justicia penal militar en el juzgamiento de estas causas. Sin embargo, en vez de cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana, en octubre de 2010 el Presidente presentó una iniciativa que propone excluir tan sólo tres tipos de violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar, reconociéndole amplias facultades discrecionales al fuero militar para la clasificación de las denuncias recibidas, pese a que en el pasado han calificado crímenes graves como delitos menores (que justamente continuarían en la jurisdicción militar según el proyecto del Presidente Calderón) 512 . A su vez, el gobierno del Presidente Calderón y las autoridades militares continúan actuando y expresándose de un modo contradictorio con su compromiso de fortalecer la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho. Por ejemplo, el Presidente se ha comprometido a reconocer a los derechos humanos un papel central en su estrategia de 510 “Discurso del C. General Secretario de la Defensa Nacional, en la Ceremonia Conmemorativa al XCIX Aniversario de la Marcha de la Lealtad”, discurso, 9 de febrero de 2012, http://www.sedena.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/discursos (consultado el 12 de febrero de 2012). 511 “Discurso del C. General Secretario de la Defensa Nacional, en la Ceremonia Conmemorativa al Día del Ejército”, discurso, 19 de febrero de 2012, http://www.sedena.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/discursos (consultado el 22 de febrero de 2012). 512 Por ejemplo, Human Rights Watch analizó 74 casos en que la CNDH comprobó que el Ejército había aplicado torturas o trato cruel, inhumano o degradante. En casi dos tercios de los casos—51 de un total de 74—, observamos que los hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes documentados por la CNDH habían sido clasificados por funcionarios de la justicia militar como delitos de menor gravedad, tales como “agresión” o “abuso de autoridad”. En la reforma propuesta por Calderón en 2010, estos delitos continuarían siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar. Human Rights Watch, Ni Seguridad, Ni Derechos, págs. 63-65. 191 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013
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