Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

judiciales o liberada sin que se formulara una acusación. Mientras tanto, aseveraron estos
funcionaros a los familiares, no valía la pena iniciar una investigación. La legislación
mexicana exige a las fuerzas de seguridad poner a las personas detenidas a disposición
de agentes del Ministerio Público en forma inmediata. Asimismo, los agentes del
Ministerio Público tienen la obligación de investigar y juzgar a miembros de las fuerzas de
seguridad que incumplen esta obligación indispensable para que se garantice el derecho
al debido proceso de los detenidos 92 .
El 29 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 8 p.m., según el relato de los testigos,
un grupo de soldados detuvo a Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años, y José Ángel
Alvarado Herrera, de 30, cuando estos circulaban en un vehículo por Buenaventura,
Chihuahua93 . Cerca de las 10 p.m., varios soldados ingresaron por la fuerza en la vivienda
de los primos de Nitza Paola y José Ángel y detuvieron a Irene Rocío Alvarado Reyes, de
18 años, según contó la madre de Irene Rocío94 . El 30 de diciembre, la hermana de Nitza se
presentó en la policía ministerial de Casas Grandes para preguntar por sus familiares
desaparecidos. Al llegar, notó que el automóvil de José Ángel estaba estacionado en un
terreno junto a la dependencia policial. Cuando preguntó al policía ministerial que la
recibió por qué estaba allí el automóvil, le contestó que el informe sobre el vehículo
indicaba que había sido dejado por el Ejército. El policía le dijo que en ese mismo informe
se indicaba que el Ejército había detenido a Nitza Paola y José Ángel, que estaban
circulando en su vehículo en ese momento. (Una carta enviada posteriormente por el
policía ministerial asignado a la investigación confirmó que el automóvil de las víctimas
estaba en el predio de la dependencia policial poco tiempo después de la desaparición) 95 .
92 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
(consultado el 8 de agosto de 2012), art. 16.
93 Carta enviada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Paso del
Norte y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) al Dr. Santiago A. Cantón, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 26 de febrero de 2010, donde se describe el caso de la
presunta desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera e Irene Rocío Alvarado Reyes
(en los registros de Human Rights Watch).
94 Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Acta de Denuncia de Patricia Reyes Rueda, madre de Irene
Rocío Alvarado Reyes, expediente 124/09, Buenaventura, Chihuahua, 31 de diciembre de 2009 (en los registros de Human
Rights Watch).
95 Carta enviada por Oscar Arias Ocampo, agente de la policía ministerial, Nuevo Casas Grandes, Agencia Estatal de
Investigación de Chihuahua, al Dr. David Martínez Garrido, coordinador de la Oficina de Servicios Periciales y Medicina Legal,
Nuevo Casas Grandes, expediente 1654/2010, carpeta de investigación 5326-000124/2009, Nuevo Casas Grandes,
Chihuahua, 5 de enero de 2010 (en los registros de Human Rights Watch). En la carta, el agente de la policía ministerial pide
al coordinador que tome fotografías y reúna todas las pruebas posibles vinculadas con el automóvil encontrado en el predio
de la policía ministerial para “ayudar con el esclarecimiento de la desaparición de las tres personas”. La carta confirma que
el automóvil de las víctimas estuvo en poder de la policía ministerial el día siguiente a su desaparición.
41 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013