Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

contempla “delitos del orden común o federal... que fueren cometidos por militares en los
momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo” 451 . En la justicia penal
ordinaria, los agentes del Ministerio Público del ámbito federal y de los estados también
contribuyen a esta interpretación excesivamente amplia al remitir a la justicia penal militar
los casos de violaciones de derechos humanos en los cuales están involucrados miembros
de las Fuerzas Armadas, con el argumento de que se trataría de faltas a la disciplina militar.
El sistema de justicia militar mexicano presenta graves falencias que menoscaban su
independencia e imparcialidad452 . El Secretario de la Defensa de México ejerce a la vez
poderes ejecutivos y judiciales sobre las Fuerzas Armadas. Los jueces militares no gozan en
general de la garantía de permanencia en el cargo, y sería razonable que teman ser
destituidos por el Secretario de la Defensa o que se obstaculice de otro modo su carrera
profesional si emiten pronunciamientos que este no comparta. La posibilidad de que las
autoridades de la justicia penal ordinaria puedan controlar las decisiones adoptadas por
tribunales militares es sumamente limitada. Prácticamente no existe ningún escrutinio
público ni información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los
procedimientos y los juicios militares, que pueden extenderse durante varios años.
Estos problemas estructurales tienen un impacto directo en la práctica. La Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) restringe de manera excesiva y sin una justificación razonable
el acceso por parte del público a información básica relativa al estado de las causas sobre
abusos cometidos por miembros del Ejército que tramitan ante la justicia militar, lo cual
prácticamente impide saber a ciencia cierta en qué medida los miembros de las Fuerzas
Armadas realmente responden por sus actos. En muchos casos, los testigos y las víctimas
son renuentes a declarar o participar en este ámbito, dado que temen sufrir represalias si
relatan los abusos militares frente a miembros de esta misma institución.
La escasa información disponible demuestra que la probabilidad de obtener justicia en
casos de presuntas violaciones de derechos humanos que se dirimen en el sistema de
justicia militar es sumamente excepcional. La Procuraduría General de Justicia Militar inició
casi 5.000 investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados
contra civiles entre enero de 2007 y abril de 2012, según cifras obtenidas mediante
451 Código de Justicia Militar, art. 57(II)(a), http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/4.pdf (consultado el 9 de febrero
de 2013).
452 Human Rights Watch, Impunidad Uniformada, “Deficiencias estructurales”, págs. 16-22.
149 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRERO 2013