Los Desaparecidos de México - Human Rights Watch

En la semana posterior a la desaparición, los familiares de las víctimas viajaron varias
veces a Coahuila y presentaron denuncias ante los agentes del Ministerio Público estatal
de Torreón y Saltillo. También exigieron reunirse con el Procurador General de Justicia del
estado, Jesús Torres Charles, quien los recibió el 17 de junio y les aseguró que los hombres
aparecerían pronto182 . En todas esas ocasiones, las familias instaban a los agentes del
Ministerio Público a que interrogaran a los policías asignados a las patrullas que dos de
los hombres desaparecidos habían identificado en las últimas llamadas efectuadas a sus
familiares.
El 8 de julio, los agentes del Ministerio Público detuvieron a nueve policías de Francisco I.
Madero por su presunta participación en las desapariciones ocurridas el 15 de junio183 .
Según la declaración de un hombre que, supuestamente, trabajaba para un cartel y fue
consignado por agentes del Ministerio Público estatal en relación con la desaparición, los
mismos policías también habían colaborado semanas antes con miembros de las Zetas en
la desaparición de Víctor Adrián Rodríguez Moreno, Heber Eusebio Réveles Ramos y José
María Plancarte Sagrero, en la misma gasolinera de Francisco I. Madero184 . Si las
autoridades hubieran investigado en forma diligente la primera desaparición de los tres
civiles, podrían haber evitado el segundo hecho, durante el cual desaparecieron otros
cuatro hombres. Al momento de la redacción del presente informe, según los familiares de
las víctimas, ninguno de los funcionarios consignados en la causa había sido condenado,
ni se habían hallado los cuerpos de las víctimas185 .
Renuncia de responsabilidades por parte del Ministerio Público, remisiones
y falta de coordinación
Dado que México es un estado federal, la competencia legal la comparten el gobierno
federal y 32 entidades federativas, a saber, los 31 estados y México D.F. (el Distrito
Federal). El gobierno federal de México tipifica las desapariciones forzadas, al igual que
otras 18 entidades federativas, si bien las definiciones de este delito varían en cada
estado y difieren de la utilizada por el gobierno federal (Ver el capítulo “Legislación
182 Ibíd.; entrevista de Human Rights Watch con Blanca Martínez y Alma García, directora y abogada de FUUNDEC, Saltillo,
Coahuila, 23 de abril de 2012
183 Ibíd.; Procuraduría General de la República, Causa Penal 99/2009, Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos
Penales Federales en el Estado de Nayarit.
184 Declaración de Omar Delgado García, A.C. 039/2009, 15 de octubre de 2009 (en los registros de Human Rights Watch).
185 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Rosario Villanueva Rocha, San Diego, 9 de agosto de 2012.
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