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CEPAL - SERIE Desarrollo territorial N° 3 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en…
6.3.3. Respuestas de política 1990–2003
Dado que la profundización del proceso de descentralización buscado por la Constitución de 1991
estaba fracasando a nivel fiscal y se venía configurando básicamente una centralización con
desconcentración de funciones en los niveles territoriales más que una autonomía local, y como a
finales de la década del noventa el déficit fiscal nacional estaba en aumento, se necesitaba tomar
medidas para resguardar las finanzas nacionales y territoriales.
Las herramientas legales diseñadas para superar las crisis fiscales en que se encontraban las
entidades territoriales hasta finales de la década del noventa, entre las que se cuentan las Leyes 358
de 1997, 549 de 1997, 550 de 1999, 617 de 2000, 715 de 2001 y 819 de 2003, orientaron su
accionar primordialmente al control de los gastos de funcionamiento, manejo responsable del
endeudamiento, estímulo al esfuerzo fiscal con incentivo de más transferencias, aseguramiento del
pasivo pensional, evitar la presión de gasto por la acumulación de cuentas por pagar y generar
instrumentos de responsabilidad fiscal. 116
Entre las leyes mencionadas, valga resaltar el papel jugado por dos de ellas, las cuales
cambiaron en alguna medida las tendencias en los ingresos y gastos de los entes territoriales: la Ley
550 de 1999 que establece un régimen para promover y facilitar la reactivación empresarial, y la
reestructuración de los entes territoriales, con el fin de asegurar la función social de las empresas y
lograr el desarrollo armónico de las regiones, y la Ley 617 de 2000 que reformó parcialmente la
Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986 117 y Decreto 1421 de 1993, 118 así como,
adoptó medidas para la racionalización del gasto público nacional.
Dentro de los aspectos más importantes que sobre descentralización presentan estas leyes se
destacan algunos tales como los procesos de reestructuración, saneamiento fiscal de las entidades
territoriales, financiamiento del gasto de funcionamiento de los entes territoriales, valor máximo de
los gastos de funcionamiento, ajuste de presupuestos, prohibición sobre transferencias, liquidación
de empresas ineficientes, racionalización de fiscos municipales y departamentales, viabilidad
financiera de los territorios y reglas para la transparencia de gestión.
Los resultados de la aplicación de estas normas parecen ser evidentes. Durante el período
1999–2003, en la mayoría de los entes territoriales departamentales el crecimiento de índice de
participación de las transferencias sobre los ingresos totales (TR/IT), se ha estabilizado. Aunque su
tendencia es creciente y en promedio durante 1991–2003 fue del 32%, durante el lapso de tiempo
1999–2003 delimitado por la entrada en vigencia de las normas mencionadas, el porcentaje de
transferencias sobre ingresos totales ha permanecido en promedio en un 52%. Es de anotar que en
el año 2003, los ingresos totales de los departamentos y municipios representaron el 4 y 6.7% del
PIB, respectivamente (ver Cuadro 6).
En contraste, a nivel municipal tanto para el período 1996–2003 como 1999–2003, la
tendencia de este índice ha sido relativamente estable representando en promedio 36%. Sin
embargo, en los municipios donde el porcentaje de transferencias con respecto a los ingresos
totales ha aumentado y se ubica en un rango entre 30% y 60%, compromete sobretodo a los de
tipología menor. Por ejemplo, mientras para el caso de Bogotá la dependencia de las transferencias
no supera 32%, en las restantes categorías municipales se ubica entre 30% y 50% (ver Cuadro 7).
Por su parte, en cuanto a los ingresos autónomos (IA) o ingresos corrientes (IC), a nivel
departamental se identifica un cambio en la tendencia fuertemente decreciente durante la década
del noventa hacia una fase de transición a partir del año 2000 que aunque también decreciente es
116
DNP-DDTS-UNDP. Balance del Desempeño Fiscal de los Municipios y Departamentos 2000-2003. Bogotá, octubre de 2004, p. 15.
117
Expide el Régimen Departamental.
118
Dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
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