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CEPAL - SERIE Desarrollo territorial N° 3 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en…
político–administrativas o localidades. Es así como, para fortalecer el ordenamiento y desarrollo
territorial se plantea la reorganización del Estado en su estructura político–administrativa, el diseño y
promoción de instrumentos, y procesos de planificación estratégica y gestión que reconozcan las
particularidades territoriales y fomenten la integración. 38
La descentralización y ordenamiento territorial constituyen palancas valiosas para estimular el
fomento productivo y empresarial dada la cercanía y conocimiento que tienen las administraciones
públicas de los problemas y potencialidades territoriales, pero dichas estrategias solo surtirán efecto
siempre y cuando se doten de competencias acordes al desarrollo económico local y recursos
suficientes que garanticen una verdadera autonomía par asumir estos nuevos roles.
Si bien el proceso de profundización de la descentralización presenta progresos significativos
aún no se puede considerar como acabado ya que a nivel institucional persisten problemas de gestión,
a nivel normativo restan desarrollos tendientes a tener en cuenta la gradualidad y diversidad, y a nivel
fiscal susbsisten ineficiencias en la ejecución del gasto público, rigideces que bien podrían estar
derivadas de la ausencia de un efectivo y coherente ordenamiento territorial ya que se omite reconocer
la heterogeneidad en el diseño de las políticas y la determinación de estrategias e instrumentos es
semejante para territorios con características, problemas y potencialidades diferentes, aunque en
algunos casos se hayan diseñado instancias participativas regionales y departamentales como los
Consejos Territoriales de Planeación.
La no expedición de la LOOT como política pública, ha generado vacíos en el campo de las
competencias territoriales y el manejo de recursos propios, así como ha facilitado que la gestión
territorial se amarre a intereses políticos partidarios y de actores armados ilegales, los cuales han sido
sustituidos por regulaciones en el campo de las transferencias, por la aplicación de planes de
ordenamiento territorial reguladores del uso del suelo y la localización de actividades, y por una
mayor presencia del Estado a través de las fuerzas militares y de policía en todos los municipios del
país, medidas que no otorgan al principio de autonomía territorial la importancia que merece en
cuanto a su papel protagónico del aprovechamiento de ventajas comparativas e impulso de ventajas
competitivas de su entorno.
En conclusión, aunque desde 1990 hasta la fecha, se percibe un discurso favorable al desarrollo
regional, expresado en la Constitución Política del país y en todos los planes nacionales de desarrollo,
éste refleja distintas intensidades. De una primera aproximación expuesta en términos de articular
desarrollo regional y desarrollo nacional como una condición para la democratización de la vida
política y la liberalización de los mercados, se ha pasado a un planteamiento en que el desarrollo
regional descansa sobre la recuperación del control territorial por parte del gobierno central. Este
tránsito se ha dado en medio de una visión del desarrollo regional como un problema de
especialización de sectores y otra visión que lo aborda como un problema de neutralidad sujeto a las
decisiones que se tomen en el mercado, las cuales están en función de los niveles de productividad y
competitividad que cada territorio logre a partir de un apoyo inicial del gobierno nacional.
Esta favorabilidad del discurso regional podría consolidarse mediante la adopción de
estrategias articuladas que permitan superar la situación actual de superposición, ya que por esta vía se
puede llegar a inercias. Esta consolidación puede lograrse, a través del fortalecimiento de aquellas
estrategias centradas en la aplicación de ciencia y tecnología e implementación de cadenas
productivas y fomento a pequeñas empresas, así como de las referidas a la adecuación de
infraestructuras básicas. Sin embargo, es indudable que la materialización de estos postulados se
inscribe en la pronta normatización de un ordenamiento territorial que tenga como fundamento una
autonomía que facilite la gestión del desarrollo de abajo–arriba donde cada territorio se configure a
partir de sus especificidades culturales y del aprovechamiento de sus ventajas territoriales.
38 Presidencia de la República-DNP. Hacia un Estado Comunitario. Op. cit, pp. 178-184.
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