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CEPAL - SERIE Desarrollo territorial N° 3 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en…
temáticas como servicios públicos domiciliarios, seguridad social, salud, educación, cultura,
muebles e inmuebles de patrimonio cultural, medio ambiente, equipamiento municipal, restaurantes
escolares, empleo y promoción del desarrollo, fortalecimiento institucional, asistencia técnica
agropecuaria, transporte, vivienda de interés social, telecomunicaciones, recreación y deporte,
centros de reclusión, atención y prevención de desastres, atención a grupos vulnerables, juventud,
desarrollo comunitario, planeación, justicia, orden público, seguridad, convivencia ciudadana y
protección del ciudadano, y a los entes territoriales departamentales, en áreas como salud,
educación, cultura, infraestructura y transporte, deporte y recreación, medio ambiente, agua potable
y saneamiento básico, vivienda, prevención y atención de desastres, turismo, juventud, desarrollo
agropecuario y planeación. En general, este marco de competencias y atribuciones deja entrever
que su definición se ejecuta con base en criterios sectoriales y en parte fiscales, direccionándolas
hacia lo territorial.
Como resultado, es de suponer que tanto en el caso de las competencias territoriales de las
organizaciones públicas del orden nacional que intervienen en los sectores potenciales de apoyo al
DET y de los distintos niveles territoriales, se busca suplir la ausencia de la LOOT mediante la
asignación de nuevas y variadas funciones a estos. Observando la matriz de competencias de los
distintos niveles territoriales, el sector de infraestructura económica básica se encuentra bajo la
responsabilidad del nivel nacional con más de 370 atribuciones, otorgando a los departamentos un
número aproximado de 15 y a los municipios una cantidad similar, enfatizándose principalmente en
la construcción, mantenimiento y cuidado de la infraestructura ubicada dentro su jurisdicción; en el
sector de ordenamiento territorial y uso del suelo, las principales competencias están enfocadas en
el ámbito nacional con 112 funciones, 2 en el departamento y 10 en el municipio que se
direccionan a garantizar la adopción de POT’s para reglamentar usos del suelo en las áreas urbanas,
y de expansión y rurales; finalmente, en el sector de fomento productivo y empresarial, la
responsabilidad se comparte así, 379 funciones se asignan al nivel nacional, 2 al nivel
departamental y 5 al ámbito municipal; y para el sector de mejoramiento de la competitividad, las
principales competencias se centran en el nivel nacional con 326 funciones, 2 en el departamento y
5 en el municipio, las cuales tienen como rumbo principal promover y apoyar proyectos de
desarrollo rural, y asociaciones y alianzas de pequeños y medianos productores, y capacitación para
apropiación tecnológica.
La delimitación de competencias entre el gobierno nacional y las entidades territoriales se
mueve en distintas direcciones, dependiendo del grado estratégico que tenga cada sector en los
intereses de la política nacional. Por ejemplo, mientras todas las actividades de comunicaciones son
trazadas en el nivel nacional y adoptadas en los demás niveles, y en vías y transporte, se atribuyen
competencias a los diferentes niveles con respecto a su jurisdicción territorial; en el sector
ordenamiento del territorio y uso del suelo, se otorgan competencias al nivel municipal, pero no a
los niveles nacional y departamental; y en el sector de fomento productivo y empresarial, la
formulación de lineamientos en actividades relacionadas con el turismo y promoción de
exportaciones son de competencia nacional y su materialización se ejerce en los niveles
departamental y municipal (ver Organigramas 5 a 8).
En síntesis, se evidencian distintos niveles de coordinación de las políticas sectoriales en el
ámbito territorial, muchos de ellos promovidos desde el DNP y el CONPES, y otros relacionados
con el hecho que, cada organización pública dependiendo de su potestad para crear seccionales o
regionales, define su propia estructura de organizacional para articular la política en el territorio.
Esto aunque puede constituir un paso destacable hacia el fortalecimiento de una dinámica de
coordinación, aún muestra la falta de aplicabilidad de normas referidas a las competencias de
política sectorial en los diferentes niveles territoriales, y la adecuación de esta normatividad a las
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