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CEPAL - SERIE Desarrollo territorial N° 3 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en…
educación especializada y capacitación para el trabajo, investigación y desarrollo, adaptación y
difusión de tecnología, información, concertación entre los diferentes tipos de agentes y una buena
gestión pública que asegure la institucionalidad.
Estas últimas funciones tienen carácter compartido entre el Estado central y entidades
territoriales, su implementación exige coordinación de iniciativas y asunción de compromisos
expresos, fiscales y normativos, en todos los niveles del gobierno.
Por su parte, al sector privado se le impone una responsabilidad social y llena un vacío
permitiéndole gozar de un nuevo marco general para adelantar actividades en todos los niveles de
gobierno en áreas antes no permitidas como servicios sociales, públicos e infraestructura, y
conceden determinadas ventajas para involucrarse y comprometerse más en tareas relacionadas con
el desarrollo, constituyéndose en aliado clave del ámbito territorial en el reto que le compete.
Aunque es indudable que las reglas constitucionales incentivan a los entes territoriales para
avanzar en las tareas relacionadas con el desarrollo económico, el lento progreso en el desarrollo
legislativo, de manera que se reconozca al territorio como gestor de cambio y no solo como un
espacio geográfico homogéneo funcional, rezaga la autonomía política, administrativa y fiscal. Es
decir, no obstante lo generoso y positivo que tienen los mencionados contenidos normativos en
cuanto a profundizar la descentralización en términos redistributivos, pareciera que solo bastara
con presuponer sus efectos favorables en cuanto al DET sin avanzar hacia definiciones más
precisas y diferenciales que permitan su operacionalización, haciendo que se diluyan en un mismo
continente las políticas generales con implicaciones espaciales y las políticas regionales.
Por consiguiente, para que el país recorra una senda de desarrollo económico territorial es
apremiante adoptar una visión más integral y definir un nuevo ordenamiento territorial, retirando
las restricciones e intereses políticos particulares y regionales, pues per se, las actuales
delimitaciones administrativas están lejos de responder a la lógica de funcionamiento y
desdoblamiento de las actividades económicas. Esto permitirá articular efectivamente las dinámicas
regionales y locales facilitando un desarrollo económico y social sostenido, mantener la unidad de
las políticas y estrategias, y otorgar a los territorios una clara autonomía y protagonismo como
sujetos de su potencial de desarrollo, lo que a la postre se traducirá en un reforzamiento de la base
económica y social estatal.
2.2. El desarrollo económico territorial en los planes nacionales
de desarrollo 1990–2006
Operacionalizar las definiciones de índole constitucional, que se mueven en un plano ético y de
valores, implica introducir una revisión de la manera cómo los planes nacionales consignan las
políticas de desarrollo. En principio, es pertinente aclarar que desde cuando se instauró la
planeación en Colombia en los años sesenta, los gobiernos nacionales han delineado planes de
desarrollo que en términos generales expresan unos objetivos y metas, trazan unas estrategias y
líneas de acción y establecen ciertas prioridades. Lo novedoso de estos últimos quince años radica,
entre otros aspectos, en que se ha institucionalizado la práctica de la planeación a través de la
configuración de un sistema nacional de planeación y la adopción de figuras como el voto
programático, de donde se desprenden responsabilidades del gobernante ante sus electores en
términos del desarrollo.
Adicional a las consagraciones constitucionales en términos de participación política,
organización territorial y régimen económico, en los planes nacionales subyacen distintas
concepciones de desarrollo y objetivos que persiguen los gobiernos durante sus períodos de
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