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CEPAL - SERIE Desarrollo territorial N° 3 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en…
la posibilidad de canalizar iniciativas y necesidades de los entes territoriales, para tramitarlos ante
un nivel superior en busca de recursos para su apalancamiento.
Dado que el territorio es considerado objeto y no sujeto de desarrollo, su protagonismo en la
identificación y definición de acciones para dar respuestas a necesidades específicas en materia de
DET es limitado. No obstante que existan los mecanismos e instrumentos que impulsan la
participación de los diferentes niveles territoriales, estos en últimas no tienen la capacidad o
competencia para incidir en la definición y diseño de las políticas sectoriales del orden nacional y su
participación se reduce a ser receptor pasivo y continente de estas. Por consiguiente, el DET no se
concibe de manera explicita desde lo sectorial, pues la lógica que se maneja es más del orden
nacional, nivel que diseña políticas de intervención homogéneas sin reconocer la diversidad y
heterogeneidad territorial, y aún cuando existe coincidencia en algunos elementos de las actividades
llevadas a cabo por lo sectorial, la relación sector-territorio no es manifiesta suponiéndose
implícitamente que todas las acciones en últimas se traducirán y tendrán efectos sobre el territorio.
El papel desempeñado por el departamento como instancia de intermediación es muy
relevante para tramitar las iniciativas de proyectos de las entidades menores, convirtiendo de paso a
los bancos de programas y proyectos del nivel departamental en una herramienta valiosa para
fomentar intervenciones “desde abajo”.
Al margen que el sistema de bancos de programas y proyectos este concebido para operar
coordinadamente entre los diferentes niveles territoriales, y dado que la predominancia
departamental en la distribución de la inversión al interior de cada uno de los sectores de apoyo al
DET no se modifica sustancialmente, sugiere que ante la ausencia de una instancia intermedia de
planificación que articule las iniciativas territoriales, el departamento está haciendo las veces de
intermediación y sirviendo de enlace a los municipios. Sin embargo, aunque se evidencien
expresiones de desconcentración administrativa en el ámbito regional, cada institución actúa y
define su contexto territorial indistintamente de las otras y por ende no existe coincidencia alguna
en la amplitud de las ámbitos territoriales.
Las posibilidades de protagonismo territorial desde lo local se ven favorecidas en tanto se
asiste a un escenario de profundización de la descentralización caracterizado por una mayor
apertura política, ampliación de la participación comunitaria, otorgamiento de funciones en asuntos
del desarrollo, y control para regular y sanear las finanzas de los entes territoriales,
responsabilidades que de ser conjugadas integralmente tanto por los gobiernos como por los
diferentes actores locales permitirá ganar autonomía y demostrar que cuentan con la capacidad para
ayudar a enmendar las distorsiones resultantes de la desarticulación de las organizaciones públicas
del nivel nacional cuando estas territorializan las políticas sectoriales y el empeño para solucionar
los desajustes de sus fiscos, factores que de alguna manera impiden cumplir a plenitud con sus
competencias y postergan su papel de agente del desarrollo económico territorial.
Desde inicios de la década del noventa el país adoptó un nuevo marco institucional y
desarrolló instrumentos dirigidos a aumentar la eficiencia en la provisión de servicios públicos y a
incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta serie de formulas adoptadas
exhiben una tendencia hacia la profundización y fortalecimiento de la descentralización que es
animado desde el mismo artículo 1º de la Constitución de 1991, el cual reconoce que Colombia es
un Estado organizado en forma de república unitaria, pero descentralizado y con autonomía de sus
entidades territoriales, configurándose así un escenario que resulta conveniente para la
consolidación de las facultades políticas, funcionales y fiscales otorgadas a las organizaciones
públicas diferentes del nivel nacional, así como, facilita las condiciones para que los actores
sociales modifiquen las relaciones de poder y las comunidades aumenten su asociatividad,
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