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CEPAL - SERIE Desarrollo territorial N° 3 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en…
Dado que la primera fuente cuenta con trece títulos constitucionales fue necesario escoger
los referidos a participación democrática y partidos políticos, organización territorial y régimen
económico, ya que en esencia estos apartados contienen pautas éticas y de valores bastante
concordantes con las definiciones adoptadas de políticas generales con implicaciones espaciales,
políticas regionales y políticas de desarrollo local, e implícitamente potencian el desarrollo
económico territorial, en cuanto hacen definiciones expresas respecto de las competencias de las
diferentes entidades territoriales, la planeación y organización democrática de los individuos en la
búsqueda del bienestar.
Con relación a la segunda fuente, los planes nacionales de desarrollo al delinear lo que se
podría denominar itinerario de viaje de las políticas públicas durante cada período de gobierno,
priorizando intervenciones sectoriales, discriminando estrategias e instrumentos y definiendo
territorios para su actuación, constituyen un buen acervo de información en lo que corresponde a la
evolución, intensidad y cambios de énfasis en el lenguaje y práctica del desarrollo.
2.1. El desarrollo económico territorial en el marco constitucional
La década de los noventa se inició con grandes transformaciones para la sociedad y la economía
colombiana. En efecto, a partir de 1990 se profundiza el proceso de apertura y modernización de la
economía con el objetivo de lograr una mayor y mejor inserción en el escenario internacional. Así
mismo, en 1991 se promovió e integró una Asamblea Constituyente que posibilitó amplios acuerdos
sociales reflejados en la Constitución Política promulgada, la cual interpreta las aspiraciones de la
sociedad, consagra una serie de pautas superiores de acción que constituyen guías y mandatos para el
procedimiento, y define algunos instrumentos para su alcance, donde sus trazados más relevantes tienen
que ver con el aseguramiento del proceso de descentralización política y una nueva regionalización, el
direccionamiento de los recursos del situado fiscal y las transferencias a los entes territoriales, la
definición de un nuevo marco para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la apertura de
nuevos espacios a la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la definición de los derechos
sociales y económicos de los colombianos.
Si bien las descripciones constitucionales son el marco global dominante de ordenación y
tienen un claro componente político, pudieran catalogarse como principios generales con
implicaciones espaciales dirigidos a establecer y mantener el orden económico y las reglas de
funcionamiento de la sociedad, creando y cerrando oportunidades de política relacionadas con el
desarrollo económico territorial.
Al tomar en cuenta los preceptos fundamentales que definen la organización política
colombiana en la Constitución de 1991 como un Estado social de derecho, república unitaria,
descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
y de gran parte de sus dictados relacionados con el funcionamiento de la sociedad, se refleja la
búsqueda de un relativo equilibrio entre posturas centralistas y federalistas resultante de las mismas
condiciones que motivaron los cambios, y de la composición política heterogénea de las fuerzas
sociales de la instancia constituyente que los introdujo.
Es así como, mientras los asuntos de interés general y decisiones económicas, políticas y
administrativas, se concentran en el gobierno nacional, de otro lado, indica la ordenación del
territorio y consolida la profundización de un proceso de descentralización que se venía gestando
desde los años setenta, redefiniendo áreas de intervención institucional y funciones, aumenta las
responsabilidades de los distintos niveles territoriales, devuelve al departamento su papel en la
planeación y reconoce al municipio como la entidad fundamental de la división política
administrativa, instaura la elección popular de gobernadores y liga la vida de los ciudadanos al
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