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CEPAL - SERIE Desarrollo territorial N° 3 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en…
territorialmente, más que atender directamente necesidades propias de un territorio,
fundamentándose en que estos sectores son tan significativos para efectos de la promoción del
desarrollo económico que resulta más viable entregar y mantener las competencias en dicho tipo de
organizaciones públicas, las cuales pueden ejercerlas con mayor autonomía e idoneidad. En
contraste, como en infraestructura económica básica, y ordenamiento del territorio y uso del suelo,
las competencias están centradas en las jurisdicciones del nivel territorial departamental y
municipal, la relación que establece el nivel nacional se remite sobre todo a brindar asesoría y
asistencia técnica, obedeciendo a una estrategia dirigida a garantizar su total territorialización
mediante una mayor descentralización y otorgamiento de autonomía a estos entes, para que
desempeñen tales atribuciones bajo su responsabilidad directa.
Bajo este contexto, no se debe dejar de lado, en primer lugar la naturaleza de las
organizaciones públicas intervinientes, ya que en su mayor parte se trata de organismos principales
como ministerios y departamentos administrativos, y organismos adscritos y vinculados, y en
segundo lugar, la apropiación de recursos públicos para financiar sus actividades, pues su menor
disponibilidad resta seriamente posibilidades de protagonismo territorial para cumplir con tareas
especializadas, sobre todo a los establecimientos públicos, restringiendo su accionar a garantizar la
coordinación de los dictados de política nacional y sectorial más apremiantes.
El despliegue territorial de las políticas exige tanto liderazgo por parte de las organizaciones
públicas del orden nacional, como recursos de inversión suficientes y plantas de personal
adecuadas para cumplir con sus objetivos. Aunque las reformas más recientes de la administración
pública han tenido como propósito armonizar una gestión estatal eficiente y especializada con el
estilo de desarrollo adoptado, también muchas veces la compactación del Estado ha obedecido a la
necesidad de disminuir el déficit fiscal.
El diseño de la planeación deja entrever un estilo de carácter centralizado que responde más
a la necesidad de garantizar la obtención de resultados macro y sectoriales, mediante la
coordinación de las diferentes autoridades (Presidente, Consejo Nacional de Política Económica y
Social-CONPES, Departamento Nacional de Planeación-DNP), e instancias (Consejo Nacional de
Planeación CNP) responsables, lo cual redunda en organizaciones públicas con igual poder
decisional que por la similitud de sus funciones y competencias se interfieren o duplican.
Se evidencian distintos niveles de coordinación de las políticas sectoriales en el ámbito
territorial, muchos de ellos promovidos desde el DNP y el CONPES, y otros relacionados con el
hecho que, cada organización pública dependiendo de su potestad para crear seccionales o
regionales define su propia estructura organizacional para articular la política en el territorio. Esto
aunque puede constituir un paso destacable hacia el fortalecimiento de una dinámica de
coordinación, aún muestra la falta de aplicabilidad de normas referidas a las competencias de
política sectorial en los diferentes niveles territoriales, y la adecuación de esta normatividad a las
especificidades regionales, lo cual impide, entre otros aspectos, la configuración de una apropiada
densidad institucional territorial que coadyuve mejores prácticas de apoyo al DET.
El concepto de lo territorial está restringido a las jurisdicciones político-administrativas
tradicionales, donde las acciones de política de las organizaciones públicas sectoriales son
indiferenciadas y se encaminan básicamente a irrigar recursos para garantizar crecimiento y
desarrollo mediante la provisión de ciertos bienes y servicios sin que se pueda distinguir claramente
un modelo territorial. Así, el territorio se considera objeto de desarrollo y la planificación es
homogénea de corte centralista y sectorial, con una lógica de operacionalización que aunque
relativamente coordinada va de arriba hacia abajo. No obstante lo anterior, la existencia de
instrumentos como la Red de Bancos de Programas y Proyectos y los Planes de Desarrollo brindan
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