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CEPAL - SERIE Desarrollo territorial N° 3 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en…
Aunque es indudable que las reglas constitucionales de 1991 incentivan a los entes
territoriales para avanzar en las tareas relacionadas con el desarrollo económico, el lento progreso
en el desarrollo legislativo, de manera que se reconozca al territorio como gestor de cambio y no
solo como un espacio geográfico homogéneo funcional, rezaga la autonomía política,
administrativa y fiscal. Es decir, no obstante lo generoso y positivo que tienen estos contenidos
normativos en cuanto a profundizar la descentralización en términos redistributivos, pareciera que
solo bastara con presuponer sus efectos favorables en cuanto al DET sin avanzar hacia definiciones
más precisas y diferenciales que permitan su operacionalización, haciendo que se diluyan en un
mismo continente las políticas generales con implicaciones espaciales y las políticas regionales.
Para que el país recorra una senda de desarrollo económico territorial es apremiante adoptar
una visión más integral y definir un nuevo ordenamiento territorial, retirando las restricciones e
intereses políticos particulares y regionales, pues per se, las actuales delimitaciones administrativas
están lejos de responder a la lógica de funcionamiento y desdoblamiento de las actividades
económicas. Esto permitirá articular efectivamente las dinámicas regionales y locales facilitando un
desarrollo económico y social sostenido, mantener la unidad de las políticas y estrategias, y otorgar
a los territorios una clara autonomía y protagonismo como sujetos de su potencial de desarrollo, lo
que a la postre se traducirá en un reforzamiento de la base económica y social estatal.
Las normas referidas a la participación democrática y los partidos políticos reflejan que en
los últimos años se han realizado esfuerzos importantes por ampliar y extender los espacios y
formas de participación en las regiones y municipios, lo cual sumado al hecho que las formas de
organización han adquirido características democráticas expresadas en mayor representación
regional y local, capacidad de intervención de delegados territoriales e incorporación de
problemáticas locales en los programas nacionales de acción política, denotan un marcado interés
por fortalecer la democracia local.
Las normas relacionadas con la organización territorial reflejan dos grandes preocupaciones.
En primer lugar, la necesidad de contar con una nueva estructura general de ordenamiento
territorial, y en segundo lugar, a partir de este nuevo régimen territorial, contemplar posibilidades
de asociación territorial que impriman vigor al desarrollo económico y social. Sin embargo, el
problema a que se ha enfrentado la materialización de estos dos asuntos, radica en que hasta el
presente no se ha puesto siquiera en discusión en el parlamento el desarrollo legislativo en materia
de ordenamiento territorial como quedó previsto en la Constitución Política.
Las normas vinculadas con el régimen económico indican que aunque el Estado reserva para
sí la potestad de intervenir fundamentalmente en áreas que tienen que ver con la justicia
distributiva, se observa un especial énfasis por involucrar en las tareas del desarrollo al sector
privado como a la comunidad, reflejando que su búsqueda no es una función exclusiva del sector
público sino que exige el compromiso de todos los agentes. Así mismo, vale resaltar que la
planeación y su concertación, además de ser una opción arraigada en la cultura institucional
colombiana es una forma excepcional en el contexto latinoamericano, cuyo propósito es facilitar el
pleno empleo de los recursos, asegurar el acceso efectivo a bienes y servicios, y promover el
desarrollo armónico de las regiones.
Estos postulados y progresos constitucionales favorecen el DET en tanto propugnan por la
apertura y autonomía de los diferentes agentes responsables de la dinámica económica y social de
los territorios, distribuyen responsabilidades en campos específicos y abren oportunidades
considerándolos actores fundamentales para materializar el cambio. Sin embargo, los roles que
deben ser asumidos por los potenciales actores y promotores del desarrollo económico territorial
guardan diferencias en cuanto a sus responsabilidades.
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