Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

a acogida distinta de la familiar, y, menos aún,
cuando ésta no sea la primera vez que se le clasifica
en tercer grado si no que ha habido al menos
otra anterior; y es evidente que el penado ha estado
en libertad toda su vida hasta el año 2.003, incluso
durante la tramitación del proceso, sin que haya
hecho mal uso de la fase de libertad provisional
hasta su ingreso en prisión –varios años– y sin que
tenga sentido referirse a la búsqueda de un medio
de subsistencia o acogida institucional de una persona
de la edad del penado y con el apoyo familiar
con que éste cuenta. En consecuencia carece de
razón en este caso mantener sucesivas veces la
clasificación en tercer grado y al tiempo restringir el
régimen abierto. Se estimará el recurso en el sentido
de que el penado deberá pasar a régimen abierto
pleno conforme a los artículos 83, 86 y 87 del
Reglamento Penitenciario.
Auto 1324/05, 6 de mayo de 2005, JVP nº 3,
Exp. 98/04.
VI-3
Recurso previo a la DGIP
[16] La Junta propone, la Dirección
General aprueba y el Juez de
Vigilancia resuelve el recurso.
El apelante sostiene que el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria ha vulnerado su derecho a la tutela
judicial efectiva, al haber rechazado su petición
de que dicho órgano jurisdiccional requiriera a la
Junta de Administración y Régimen del Centro
Penitenciario “MADRID IV” a fin de que se pronunciara
sobre la procedencia de proponer a la Dirección
General el pase a tercer grado, que le había
sido denegado por dicha junta el 10 de julio de
2003.
Es cierto que corresponde al juez de vigilancia el
control judicial de la ejecución de las penas y medidas
de seguridad privativas de libertad, así como de
los actos de la Administración Penitenciaria que
afecten a los derechos fundamentales o a los derechos
y beneficios penitenciarios de los internos,
pero siempre con respeto al principio de legalidad.
Dentro de las atribuciones del juez de vigilancia
se encuentra, indudablemente, el control de la progresión
de grado, pero su intervención debe realizarse
en los concretos términos previstos en el artículo
76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria,
pues la clasificación de grados es competencia de
la Administración Penitenciaria.
Así pues, el juez únicamente puede ejercer su
competencia en dicha materia cuando se ha recurrido
la resolución administrativa y en la forma que
establece el artículo 76.2.f de la Ley Orgánica
General Penitenciaria.
Por otro lado, como indica el juez “a quo”, el artículo
105.2 del Reglamento Penitenciario expresamente
señala que es el interno, cuando la Junta de
Tratamiento no considere oportuno proponer al
Centro Directivo cambio en el grado asignado,
quien debe solicitar la remisión del correspondiente
informe al Centro Directivo para que resuelva lo
procedente, y la resolución de éste es la que puede
recurrirse ante el Juez de Vigilancia.
Es evidente, por tanto, que el criterio seguido por
el Juzgado de Vigilancia es plenamente ajustado a
la legalidad vigente, por cuanto que no le corresponde
efectuar el requerimiento que interesa al
recurrente, de modo que el recurso ha de ser forzosamente
rechazado.
Auto 1442/04, 26 de mayo de 2004, JVP nº 2,
Exp. 148/02.
[17] La propuesta de la Junta de Tratamiento
no es recurrible ante el
JVP.
Conforme a los artículos 65 de la Ley y 105 del
Reglamento y concordantes del Reglamento, la
Junta de Tratamiento (o la Central Penitenciaria de
Observación) hacen las propuestas de clasificación
que resuelve la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. Esta última resolución es recurrible
ante el Juez de vigilancia (Art. 76-2 de la L.O.G.P.).
El penado, pese al aviso contenido en el acuerdo
de 22.7.04 ha recurrido lo que no es recurrible, cual
es la propuesta de la Junta de Tratamiento. Se
desestimará el recurso.
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