Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

CUADERNOS DEDERECHOPENITENCIARIO
No consta que el penado tenga trabajo fuera de
prisión y la experiencia revela la fuerza de reinserción
del trabajo. Así las cosas, es importante que
progrese a tercer grado, pero se hará en régimen
abierto restringido con salidas de fin de semana,
conforme a los artículos 82 y 87 el Reglamento
Penitenciario, que pasará a ser régimen abierto
pleno sin necesidad de nueva resolución si el penado
acredita satisfactoriamente una oferta en firme
de trabajo fuera del Centro.
Auto 979/04, 19 de abril de 2004, JVP nº 1, Exp.
1307/02.
[142] El trabajo facilita el pago.
El penado tiene 66 años de edad y es delincuente
primario, ha cumplido con buena conducta tres
cuartas partes de su condena, cuenta con apoyo
familiar y con una oferta de trabajo en el exterior en
un despacho de abogados. La Junta de Tratamiento
propuso por mayoría, desde una inmediación de
la que carece la Dirección General, la progresión a
tercer grado. Es cierto que no ha satisfecho las responsabilidades
civiles pero no lo es menos que ese
requisito no estaba contemplado en el Código
Penal de 1973 por el que fue condenado; que el
penado está declarado insolvente; que ha puesto a
disposición de los perjudicados cinco millones de
pts (30.050,61 Euros); que se compromete a pagar
con su trabajo futuro, con lo que la única oportunidad
de los perjudicados de cobrar algo más es precisamente
que el penado trabaje. A ello ha de unirse
que la referencia de la resolución administrativa
impugnada a la necesidad de valorar el uso de los
permisos carece de sentido cuando se han disfrutado
ya varios con buen uso. Se estimará el recurso
y se acordará la progresión del penado a tercer
grado en régimen abierto pleno, conforme a los artículos
63, 65 y 72 de la Ley y 83 a 87 del Reglamento
Penitenciario.
Auto 2521/04, 7 de septiembre de 2004, JVP
nº 1, Exp. 133/03.
[143] Necesario hacer un esfuerzo.
El penado cumple condena por un delito muy
grave (homicidio) del que ha extinguido más de la
tercera parte de la pena (cumplirá la mitad dentro
de unos diez meses. Su conducta en prisión es
buena en cuanto que carece de sanciones y se
esfuerza en mejorar intelectual y laboralmente.
También ha sido buena durante los permisos que
viene disfrutando desde hace más de un año.
Cuenta con apoyo familiar y con una oferta de trabajo
en el exterior. Permaneció durante años en
libertad provisional antes de ingresar en prisión y
jamás se ocultó ni delinquió. Son datos que apuntan
a la conveniencia de la progresión de grado.
Ahora bien, no consta que haya demostrado alguna
sensibilidad hacia los intereses de los herederos de
la víctima. Su esfuerzo ha sido grande pero siempre
en beneficio propio. El apoyo familiar con que
cuenta le hubiera permitido contraer alguna deuda
con su familia y satisfacerla con su trabajo más
tarde, u otro esfuerzo, siquiera simbólico, por satisfacer
las responsabilidades civiles. Es más, ni
siquiera se refiere a este tema en los recursos de
reforma y apelación. Así las cosas, el Tribunal tiene
que esperar a que el penado demuestre que es
capaz no sólo de hacer algo por sí mismo, sino también
por otros, cosa muy necesaria cuando la indiferencia
por los demás se ha materializado en un
delito contra la vida. Se desestimará el recurso.
Auto 2545/05, 18 de julio de 2005, JVP nº 2, Exp.
216/04.
[144] Delito contra la Hacienda Pública
y Malversación de caudales
públicos.
El artículo 65 de la Ley General Penitenciaria, en
su número 2, y el artículo 106 del Reglamento Penitenciario
establecen las circunstancias y características
que deben concurrir en el interno para proceder
a la progresión de grado, declarando que ésta
procederá cuando se modifiquen positivamente los
factores directamente relacionados con la actividad
delictiva, con manifestación en la conducta global
del interno, cuya consecuencia directa sea un incremento
de la confianza depositada en él, que permitirá
atribuirle más importante responsabilidad que
implicará, a su vez, una mayor libertad.
El interno recurrente ha sido condenado por la
comisión de cinco delitos contra la Hacienda Pública,
uno de malversación de caudales públicos, uno
de falsedad documental y uno de cohecho a la
pena de 31 años y 6 meses de prisión, con el límite
máximo de cumplimiento fijado en los 20 años, y
si bien las 3/4 partes de la condena la cumplió el 20
de marzo de 2005, este Tribunal por resolución de
fecha 15 de abril de 2005 (Auto n° 1109/2005) acordó
conceder al recurrente un régimen penitenciario
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