Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

do quirúrgicamente en numerosas ocasiones desde
su infancia y le causa graves problemas de movilidad,
con una minusvalía del 68% apreciada por la
Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid, además epilepsia a los 18 años y hepatitis
B, enfermedades estables en este momento
según informe médico forense, sin que se prevea
un desarrollo fatal a corto o medio plazo.
Realmente los problemas de movilidad del interno
resultan una dificultad para desarrollar una vida
normal, ya sea en prisión o fuera de ella, pero lo
que se ha de intentar es que las condiciones sean
lo más favorables posibles para no perjudicar esas
dolencias, tratarlas médicamente, y para que participe
en la vida en prisión. Pero lo que no se considera
procedente es la excarcelación del penado. Se
ha de señalar que para la concesión de la libertad
condicional por enfermedad es necesario, no sólo
la existencia de la misma, que ha de ser grave, sino
una, disminución de la peligrosidad del interno, de
manera que la incidencia de la enfermedad haya
afectado a su capacidad para delinquir. Si se tiene
en cuenta que todos los padecimientos descritos
los padece el interno desde hace muchos años, por
los que ya los tenía cuando cometió el delito contra
la salud pública por el que fue condenado a 9 años
de prisión, y que no consta que esas enfermedades
se hayan agravado ni le invaliden más de lo que
estaba en esa época, resulta que las condiciones
físicas son iguales y no le impedirían cometer delitos
de similares características.
En consecuencia, no procede conceder la libertad
condicional solicitada, si bien las condiciones de
la vida en prisión deben adecuarse a su estado físico
de manera que no le dificulte más de lo necesario
que desarrolle una vida normal en la cárcel.
Auto 2943/03. 18 de Diciembre de 2003. JVP
nº 1. Exp. 768/02.
X-3
Expulsión como medida de seguridad
[53] Expulsión como medida.
Constituye el objeto de este recurso únicamente,
la condición que el Juez de Vigilancia ha impuesto
a la libertad condicional del interno, a saber: la
expulsión del territorio nacional. Condición ésta
cuyo cumplimiento determinará la efectividad del
beneficio. El recurso de apelación debe ser estimado.
Las resoluciones que se impugnan han invocado
la remisión que hace el art. 90.2 al art. 96.3 del
Código Penal como la norma que en efecto, literalmente
ampara el recurso a la expulsión del territorio
nacional de extranjeros no residentes legalmente
en España, prevista como medida de seguridad
no privativa de libertad que se puede imponer con
arreglo al Código (art. 96.3.2° del Código Penal).
Pero, como también afirma el Juez de Vigilancia,
a pesar del envío que el art. 90.2 del Código Penal
hace al art. 96, no puede interpretarse que ,sea
voluntad de la Ley la imposición de medidas de
seguridad al liberado condicional, sino, sólo, la de
condiciones o la observancia de algunos deberes o
reglas de conducta a que podrá someterse el cumplimiento
en libertad de la última parte de su condena.
En efecto, el art. 6.1 del Código Penal establece
que “las medidas de seguridad se fundamentan en
la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan,
exteriorizada en la comisión de un hecho previsto
como delito”. Y el art. 95.1.2°, también del
Código penal, que “las medidas de seguridad que
aplicarán el Juez o Tribunal en los supuestos previstos
–los casos del art. 20 números 1, 2 y 3 del
Código penal como eximentes completas o incompletas–,
requieren que del hecho y de las circunstancias
personales del sujeto pueda deducirse un
pronóstico de comportamiento futuro que revele la
probabilidad de comisión de nuevos delitos”. De tal
forma que no resulta compatible la imposición de
una medida de seguridad, cuyo presupuesto es la
peligrosidad criminal del sujeto y que requiere por
tanto un pronóstico que establezca la probabilidad
de comisión de nuevos delitos en el futuro, con la
concesión de la libertad condicional, uno de cuyos
requisitos fundamentales, como lo dispone el art.
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