Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Es decir, la interpretación según la cual la competencia
preferente y exclusiva del Juzgado Central
de Vigilancia Penitenciaria surge a partir de la existencia
de una condena dictada por la Audiencia
Nacional, no, por tanto, mientras se trate de un
preso preventivo a disposición de la Audiencia
Nacional.
Y así debe concluirse, no sólo del tenor literal del
art. 94 de la LOPJ, sino de las atribuciones que
asigna el ordenamiento jurídico a la figura del Juez
de Vigilancia, para hacer cumplir la pena impuesta
(art. 76.1).
Por todo lo cual, debe rechazarse la inhibición
del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n° 1 de
Madrid.
Auto 4025/05, 15 diciembre 2005, JVP nº 1, Exp.
344/05.
VII
COMUNICACIONES
VII-1
Allegados
[31] No caben denegaciones genéricas.
(...) La finalidad de la actuación penitenciaria
orientada hacia la reinserción de los internos en
centros penitenciarios exige que éstos sean considerados
no como seres eliminados de la sociedad,
sino como personas que continúan formando parte
de la misma, si bien sometidos a un particular régimen
jurídico, motivado por el comportamiento antisocial
en que incurrieron y encaminado a preparar
su vida en libertad en las mejores condiciones posibles
para el ejercicio responsable de su libertad.
Por esta razón se convierte en un elemento fundamental
del régimen penitenciario el intento de conseguir
que el interno no rompa de forma definitiva
sus contactos con el mundo exterior y, en definitiva,
que no se sienta temporalmente excluido de forma
absoluta de la sociedad a la que debe reintegrarse,
y ello supone que se reconoce el derecho de los
internos a relacionarse con el mundo exterior dentro
de los establecimientos penitenciarios por medio
de las comunicaciones y visitas.
Las facultades legalmente reconocidas a la
Administración Penitenciaria no pueden ser entendidas
como una habilitación que autorice denegaciones
o restricciones amparadas en genéricas
razones de seguridad u orden interno, sino que
tales decisiones, forzosamente, han de estar suficientemente
motivadas.
Aquí la solicitud del interno se ha denegado por la
colaboración atribuida a O.I.G., persona con la que
quiere comunicar, con la banda terrorista “E.T.A.”, lo
que incidiría en el mantenimiento por el recurrente
de postulados radicales, y eso repercutiría de forma
negativa en el tratamiento individualizado.
Esta Sala considera, sin embargo, que la petición
del apelante se encuentra justificada, por cuanto
que sí se ha acreditado que la relación que mantiene
con O.(se ha justificado tanto por el Acta de Simple
Notoriedad de Hechos del Notario F.I.R.P., como
por la certificación de la Alcaldesa de Hernani, que
al fallecimiento del esposo de aquélla asumió la responsabilidad
de coeducar a sus hijos) es una relación
cuasi familiar y que la visitante debe ser incluida
en el concepto de allegados al que se refiere el
artículo 45.1 del Reglamento Penitenciario.
Por otro lado, es de destacar el error del Juzgado
de Vigilancia en cuanto a la excarcelación de O,
que no fue el 9 de junio de 2002, sin el 9 de junio
de 1982, de modo que no se ha demostrado su
actual vinculación con “E.T.A.”, siendo por otro lado
normal que dicha persona mantenga opiniones o
criterios similares a los del interno, lo que no siempre
debe ser un factor de exclusión.
Por tanto, entendemos que el recurso ha de ser
estimado y que procede autorizar a I.M la comunicación
“vis a vis” con O. y los hijos de ésta.
Auto 856/04, 30 de marzo de 2004, JVP nº 3,
Exp. 379/03.
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