Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

tenciarias es competente para decidir la clasificación
y destino de los internos, en virtud de los informes
disponibles y los datos relativos a las diversas
consideraciones intervinientes en la clasificación.
Así pues, el pronunciamiento impugnado es de
estricta legalidad, al amparo de la legislación penitenciaria,
y dado que el artículo 25.2 de la Constitución
(vid. STC 28/88) contiene un mandato del
constituyente al legislador para orientar la política
penal y penitenciaria del que no se derivan derechos
subjetivos, y, tal y como indica la juez “a
quo”, es en vía administrativa donde deben resolverse
los recursos relativos a esta materia, o, una
vez agotada ésta, ante los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa, por lo que el
recurso aquí examinado debe ser rechazado, sin
perjuicio de que este Tribunal comparta la opinión
del apelante en el sentido de que, en la medida de
lo posible, y para evitar el desarraigo familiar, el
centro de cumplimiento debería ser el más próximo
a su domicilio.
Auto 833/04, 26 marzo 2004, JVP nº 3, Exp.
828/03.
[163] Competencia para resolver
sobre adjudicación y traslados
de centro.
La pretensión del apelante se concreta en que se
dicte nueva resolución sobre centro de cumplimiento,
a fin de que el interno sea trasladado al Establecimiento
Penitenciario de Valencia o al más próximo
a dicha capital, al tener su domicilio en la localidad
de Aldaya (Valencia).
El artículo 25.2 de la Constitución es una norma
específica que adquiere un status propio que incide
en la relación de sujeción especial en la que se
encuentran los internos en relación con la Administración
Penitenciaria, relación que origina un entramado
de derechos y deberes recíprocos entre la
Administración Penitenciaria y el recluso que debe
ser entendida en sentido reductivo, compatible con
el valor preferente de los derechos fundamentales,
según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(vid. p. ej. SSTC 74/85, 2/87, 120/90,
137/90, 11/91, 57/94, 170/96).
Pero también el artículo 25.2 de la Constitución,
al expresar esa sujeción especial, dispone que el
condenado a la pena de prisión que estuviere cumpliendo
la misma gozará de los derechos fundamentales
de este capítulo, a excepción de los que
se vean expresamente limitados por el contenido
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley
Penitenciaria.
En este caso, nos encontramos ante un acuerdo
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
por el que se destinó al recurrente al Centro
Penitenciario de La Moraleja (Palencia) y, de conformidad
con los artículos 102.3 y 31.1 del Reglamento
Penitenciario, la Dirección General es competente
a para decidir la clasificación y destino de
los internos, en virtud de los informes disponibles y
los datos relativos a las diversas consideraciones
intervinientes en la clasificación.
Así pues, el pronunciamiento es de estricta
legalidad, al amparo de la legislación penitenciaria,
y dado que el artículo 25.2 de la Constitución
(vid. STC 28/88) contiene un mandato del constituyente
al legislador para orientar la política penal
y penitenciaria del que no se derivan derechos
subjetivos, y, tal y como indica la juez “a quo”, es
en vía administrativa donde deben resolverse los
recursos relativos a esta materia, o, una vez agotada
ésta, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
por lo que el recurso aquí
examinado debe ser rechazado.
Sin embargo, esta Sala aprecia que existe una
evidente contradicción entre la propuesta efectuada
por la Junta de Tratamiento en fecha 21 de agosto
de 2003, y el acuerdo impugnado, en la medida
que, tras una evaluación de todas las circunstancias
concurrentes, la Junta entendió que el centro
de destino del interno debía ser Valencia, por ser el
lugar de su arraigo familiar y social en España, y
esta última valoración es compartida por la Sala.
Auto 422/04, 18 de febrero de 2004, JVP nº 1,
Exp. 725/03.
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