Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

auténtico acto procesal de impulso conforme a lo
prevenido en el art. 288 de la L.O.P.J. En consecuencia,
el procedimiento puede considerarse
paralizado entre Septiembre de 2001 y Mayo de
2002 (menos de un año) y entre Mayo de 2002 y
Diciembre de 2003 (menos de dos años) en que la
intérprete entrega la versión castellana del mismo.
No han transcurrido dos años de paralización, no
ha prescrito la falta grave y debe desestimarse el
recurso del interno.
Auto 2359/04, 22 de julio de 2004, JVP nº 3, Exp.
185/00.
[159] Garantías del procedimiento
sancionador.
Desde la STC 18/1981, de 8 de junio, el Tribunal
Constitucional ha venido declarando no sólo la aplicabilidad
a las sanciones administrativas de los
principios sustantivos
derivados del artículo 25.1 de la Constitución, al
considerar que los principios inspiradores del orden
penal son de aplicación con ciertos matices al derecho
administrativo sancionador, dado que ambos
son manifestaciones del ordenamiento punitivo del
Estado, sino que también ha proyectado sobre las
actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras
de la Administración las garantías procedimentales
ínsitas en el artículo 24 de la Constitución,
no mediante una aplicación literal, sino en la
medida necesaria para preservar los valores esenciales
que se encuentran en la base del precepto y
la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 de
la Constitución, si bien ha precisado que no se trata
de una aplicación literal, dadas las diferencias entre
uno y otro orden sancionador, sino con el alcance
que requiere la finalidad que justifica la previsión
constitucional.
Sostiene el apelante que en el curso del procedimiento
sancionador no se han respetado las garantías
que tiene reconocidas. Sin embargo, una vez
examinados el expediente y las alegaciones de las
partes, entendemos que en todo momento se han
respetado sus derechos, por lo que su queja ha de
ser rechazada.
Así, se dice que se ha vulnerado su derecho a la
presunción de inocencia, por no haber pruebas suficientes
de que hubiera realizado la acción que se le
atribuye (resistencia activa por cambio de módulo,
agresión a funcionario y posesión de objetos prohibidos).
Sobre este particular, debe señalarse que sí
ha existido prueba en el procedimiento sancionador
y que ésta ha sido correctamente valorada, tal y
como se deduce de las manifestaciones de los funcionarios
y jefes de servicios intervinientes el día de
los hechos, del propio reconocimiento del apelante
de que se opuso a su traslado de módulo, del contenido
del informe médico y del hallazgo del trozo
de cuchilla utilizado para las autolesiones. Por otro
lado, entre las garantías indudablemente aplicables
en el ámbito penitenciario se encuentra el derecho
a la utilización de los medios de prueba pertinentes,
pero aquí no se observa que A. haya solicitado la
práctica de prueba alguna en la forma y momento
legalmente establecidos
También se ha de rechazar la objeción referente
a que se ejecutó provisionalmente la medida de
aislamiento, pese a que A. tenía unas heridas en
los antebrazos y existía riesgo de suicidio o nueva
autolesión, porque el interno fue reconocido y
valorado por el médico del establecimiento con
carácter previo a la aplicación del artículo 72 del
Reglamento Penitenciario y el facultativo informó
que no había contraindicación médica para ello y,
además, se procedió a su sujeción mecánica
mediante esposas para impedir que se causara
daño alguno.
En cuanto a la queja referente al asesoramiento,
sólo podrá apreciarse vulneración del derecho de
defensa si la que efectiva y concretamente se ha
ejercitado en el proceso se manifiesta incapaz de
contribuir satisfactoriamente al examen de las
cuestiones jurídicas suscitadas en el mismo. En
este caso, consta que se informó con precisión al
recurrente de la posibilidad de ser asesorado por
Letrado, Funcionario o cualquier persona que
designara y que no hizo uso de ese derecho, formulando
verbalmente alegaciones al pliego de cargos.
Atendida la escasa complejidad del asunto, no
apreciamos que el interno careciera de posibilidades
de defensa, ni que ésta no fuera ejercida eficazmente.
Finalmente, también se informó a A. de su derecho
a ser asistido de intérprete, al dársele traslado
del pliego de cargos y no hizo uso del mismo, no
observándose, a la vista de sus escritos, que hubiera
existido indefensión por desconocimiento del
idioma.
Auto 3308/04, 3 de noviembre de 2004, JVP
nº 1, Exp. 488/02.
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