Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

CUADERNOS DEDERECHOPENITENCIARIO
XXIII
TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
[160] Incumplimiento.
En los autos recurridos y, sobre todo, en el de
20.10.05, se han recogido los motivos por los que
se considera que el apelante ha incumplido la pena
de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad
que le fue impuesta, de acuerdo con la información
facilitada por los Servicios Sociales Penitenciarios
de Alcalá de Henares.
El condenado alega en el recurso que su voluntad
ha sido y es la de cumplir la pena en su totalidad,
pero no justifica en modo alguno las causas
por las que dejó de realizar las actividades que integraban
la pena (sólo cumplió durante 12 días),
haciendo una vaga referencia a que las ausencias
pudieron deberse a circunstancias que no le eran
imputables, "como enfermedad o dolencia, o contratiempos
surgidos a última hora, o algo que haga
la ausencia disculpable o comprensible", pero sin
precisar cuáles fueron los obstáculos, la fecha en
que se produjeron, las dificultades o la duración de
las mismas, ni aportar los documentos que las justifiquen.
Por tanto, la resolución impugnada es plenamente
ajustada a derecho, ya que la juez "a quo"
realizó una correcta aplicación de lo dispuesto en el
artículo 49.6a del Código Penal y el recurso debe
ser rechazado
Auto 3966/05, 13 diciembre de 2005, JVP nº 1,
Exp. 8/05.
XXIV
TRASLADO
[161] Traslados de presos preventivos.
A los efectos interesados por el interno debe
señalarse, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 79 de la L.O.G.Penitenciaria y en el artículo
31 del Reglamento Penitenciario, que en materia
de traslado de los internos la competencia corresponde
en exclusiva al Centro Directivo, y tratándose
de un interno preso preventivo deberá interesarse
dicho traslado del Juzgado o Tribunal a cuya disposición
se encuentre el interno.
Autos 3273/05, 20 de octubre de 2005, JVP nº 1,
Exp. 752/04.
[162] Recurso contra un traslado es
competente el Tribunal Superior
de Justicia.
La pretensión del apelante consiste en que se
declare nulo el acuerdo de la Dirección General Instituciones
Penitenciarias por el que se decidió su
traslado al centro penitenciario de La Moraleja,
Dueñas (Palencia).
El artículo 25.2 de la Constitución es una norma
específica que adquiere un status propio que incide
en la relación de sujeción especial en la que se
encuentran los internos en relación con la Administración
Penitenciaria, relación que origina un entramado
de derechos y deberes recíprocos entre la
Administración Penitenciaria y el recluso que debe
ser entendida en sentido reductivo, compatible con
el valor preferente de los derechos fundamentales,
según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(vid. p. ej. SSTC 74/85, 2/87, 120/90,
137/90, 11/91, 57/94, 170/96).
Pero también el artículo 25.2 de la Constitución,
al expresar esa sujeción especial, dispone que el
condenado a la pena de prisión que estuviere cumpliendo
la misma gozará de los derechos fundamentales
de este capítulo, a excepción de los que
se vean expresamente limitados por el contenido
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley
Penitenciaria.
En la cuestión que aquí se analiza, la normativa
aplicable viene integrada por los artículos 102.3 y
31.1 del Reglamento Penitenciario, conforme a los
cuales, la Dirección General de Instituciones Peni-
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