Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

y ha declarado que no cabe entender que el legislador
haya querido autorizar la imposición de medidas
de seguridad, cuyo presupuesto es la peligrosidad
criminal del sujeto, al liberado condicional, sino
tan sólo reglas de conducta o determinadas condiciones
encaminadas a lograr una más rápida y
completa integración social del condenado. De este
modo, carece de sentido propio, salvo en supuestos
muy excepcionales, la expulsión del territorio
nacional vinculada a la libertad condicional, pues
equivaldría a una renuncia a la recuperación y reintegración
en la sociedad de quien ha demostrado
con su comportamiento, esfuerzo y evolución penitenciaria
que reúne las condiciones y está preparado
para gozar del beneficio.
En definitiva, con la expulsión el Juez de Vigilancia
Penitenciaria no está aplicando una medida
favorecedora del proceso resocializador de la interna,
sino que está sancionando extemporáneamente
una irregular situación administrativa y efectuando
una aplicación prematura de la legislación de
extranjería, pues es indudable que, en su momento,
las autoridades , gubernativas revisarán las circunstancias
de la estancia en España de la condenada
y resolverán en consecuencia.
Auto 3219/05. 17 de Octubre de 2005. JVP nº 2.
Exp. 1233/03. en el mismo sentido Auto 3466/05, 4
de noviembre de 2005, JVP nº 2, Exp. 16/02,
3318/05, 24 de octubre de 2004, JVP nº, Exp.
380/05, Auto 3054/05, 27 de septiembre de 2005,
JVP nº 2, Exp 871/01, Auto 3081/04, 14 de octubre
de 2004, JVP nº 2, Exp. 619/03.
[55] Expulsión como medida.
El recurrente apela contra las resoluciones del
Juez de Vigilancia que han impuesto a la libertad
condicional anticipada la condición de la expulsión
del territorio nacional. El recurso de apelación debe
ser estimado.
En efecto, es criterio de la Sala que la expulsión
del territorio nacional de extranjeros no residentes
legalmente en España, contemplada como medida
de seguridad en el art. 96.3.2° del Código penal, no
debe ser acordada como regla de conducta que
acompañe a la libertad condicional, bajo la sola
cobertura que significa la genérica remisión del art.
90.2 del Código penal, al regular la libertad condicional,
al art. 96.3 del Código penal, que enumera
las medidas de seguridad no privativas de libertad.
Como ya henos sostenido en una resolución
anterior, no puede concluirse que cualquier medida
de seguridad del art. 96.3, previstas con fundamento
en la peligrosidad criminal, es decir en que, del
hecho y de las circunstancias personales del sujeto,
pueda deducirse un pronóstico de comportamiento
futuro que revele las probabilidad de comisión
de nuevos delitos (arts. 6 y 95 del Código
penal), sea susceptible, sin más de considerarse y
adoptarse a la vez como una de las condiciones o
reglas que deban observarse durante el período de
la libertad condicional, cuya concesión -al contrariodepende
ineludiblemente de un pronóstico individualizado
y favorable de reinserción social (Art.
90.1 c) del Código penal). Por lo cual, la medida de
la expulsión no aparece congruente con la prognósis
que calcula que el penado en cuestión, con probabilidad,
se reintegrará a la sociedad una vez concluido
el último período de su condena y extinguida,
en libertad condicional, su responsabilidad penal.
La expulsión del territorio nacional de extranjeros
no residentes legalmente en España no aparece
contemplada en el Código penal como una pena.
Figura, únicamente, como una medida de seguridad,
en el Art. 96.3, y como una peculiar forma de
sustitución de la ejecución de la pena privativa de
libertad -o de parte de ella- en el Art. 88 del Código
penal (L.O. 11/03), considerada siempre y sólo
como competencia del Juez o Tribunal sentenciador
y que, como drástico recurso que es de la política
criminal del Estado en materia de inmigración
ilegal, requiere determinadas exigencias antes de
adoptarse, para garantizar así la salvaguarda de los
derechos fundamentales que pudieran verse afectados.
Así lo afirma la reciente sentencia de 8 de
julio de 2.004 (STS 901/04), recogiendo la jurisprudencia
del TEDH sobre la materia, así como la del
Tribunal Constitucional exigiendo “siempre un trámite
de alegaciones como único medio de poder
efectuar un juicio de proporcionalidad y ponderación
ante los derechos que puedan entrar en conflicto
a consecuencia de la expulsión como la libertad
de residencia y desplazamiento...”. En el ámbito,
del actual Art. 88 del Código penal, a juicio de la
Sala Segunda, la exigencia de la audiencia previa
al extranjero, antes de que su expulsión pueda ser
acordada, debe seguir sosteniéndose a pesar de
que el precepto no la establezca expresamente. Y
es así por ser “preciso una relectura del precepto
en clave constitucional... por la existencia de derechos
relevantes que puedan ser sacrificados o anu-
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