Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

efectiva y el derecho fundamental a la reinserción
social.
(...) la cuestión debatida se centra en decidir si
puede o no reconocerse el derecho del interno a
tener en su celda un ordenador personal y, en su
caso, en qué condiciones debe ser adquirido.
En primer lugar, la sola declaración programática
que contiene el artículo 55.3 de la LOGP no
puede servir de apoyo normativo para el reconocimiento
de tal derecho, pues este precepto sólo
establece que la Administración penitenciaria
fomentará el interés de los internos por el estudio
y dará las máximas facilidades para que aquellos
que no pueden seguir los cursos en el exterior lo
hagan por correspondencia, radio o televisión;
obligación impuesta a la Administración que no
implica por sí misma facilitar en todo caso ordenadores
a los internos, sino sólo en aquellos casos
en que sea imprescindible o conveniente su posesión
para las actividades educativas y siempre que
no hubiera otros intereses que deban considerarse
prevalentes. En tal sentido, el artículo 129 del
Reglamento Penitenciario faculta para autorizar el
uso de ordenadores personales a los internos
cuando razones de carácter educativo o cultural lo
hagan necesario o aconsejable para el desarrollo
de los correspondientes programas formativos,
exigiendo a tal fin que el interno presente una
memoria justificativa de la necesidad avalada por
el Profesor o Tutor, estableciendo a continuación
restricciones en cuanto a la transmisión de cintas
o disquetes y la conexión a redes de comunicación,
y regulando los casos en los que puede
revocarse la autorización.
Y, de otro lado, aun en los casos en los que
sería autorizable la posesión y uso de un ordenador,
la forma de su introducción en el centro penitenciario
puede sujetarse a cautelas para evitar
que se aproveche, bien para difundir en el centro
penitenciario objetos o sustancias peligrosos, bien
para recibir informaciones o datos o para recopilarlos
en perjuicio del tratamiento o de la seguridad
del centro.
En este caso, los estudios que realiza el interno
recurrente no implican, por sí mismos, la necesidad
de utilizar un ordenador personal o, al menos, no
resulta absolutamente imprescindible, fuera de la
utilidad habitual de los tratamientos de texto, común
en los más variados ámbitos.
Pero, en cualquier caso, aunque se justificara
la necesidad y conveniencia del uso del ordenador
para los estudios que realiza el interno, ello
no implicaría la autorización para introducir en el
establecimiento penitenciario de un ordenador de
su propiedad -fuera alguno ya de su propiedad o
de futura adquisición. No puede desconocerse
que las características de los ordenadores personales,
que permiten almacenar ingentes cantidades
de datos, impedirían un control eficaz de su
contenido por parte de la Administración Penitenciaria
o haría extremadamente complicada su
realización. Por tanto, el único mecanismo que
permite garantizar la seguridad del centro y compatibilizarla
con el uso de ordenadores será su
adquisición a través de los propios servicios de la
Administración, con lo que se impediría toda
manipulación previa.
Todo lo anterior implica la desestimación de
recurso, sin perjuicio de que, caso de que se
justificara debidamente la necesidad o conveniencia
del uso del ordenador mediante una
memoria avalada por el profesor o tutor competente,
se autorice la tenencia de un ordenador
adquirido a través de los servicios del centro
penitenciario.
Auto 2011/05, 23 de junio de 2005, JVP nº 1,
Exp. 961/04.
[63] Uso de ordenador.
El penado ha usado ordenadores de otro tipo
sin que conste que haya sido para mal. El consumo
de un ordenador portátil no es elevado y su
uso no requiere ninguna instalación eléctrica especializada.
El espacio que ocupa es muy pequeño y
el fin alegado cual es el de realizar un curso de
diseño es un buen fin. No se ve necesidad de condicionar
el uso del ordenador a traslado alguno y
tampoco se ve un peligro que no pueda ser controlado
mediante las inspecciones oportunas previas
al uso y posteriores a las que, eso si, habrá
de someterse el penado. En consecuencia se estimará
el recurso y la queja y se autorizará la posesión
del ordenador, previos los cacheos necesarios
y sin perjuicio de los controles periódicos
oportunos.
Auto 3328/05, 25 de octubre de 2005, JVP nº 2,
Exp. 1312/02.
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