Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

CUADERNOS DEDERECHOPENITENCIARIO
esas medidas, según establece el art. 232 RP es
"asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer y el buen fin del procedimiento, así como
para evitar la persistencia de los efectos de la
infracción", y en todo caso se deberán ajustar "a la
intensidad, proporcionalidad y necesidades de los
objetivos que se pretendan garantizar en cada
supuesto concreto". Por un lado, la medida cautelar
se encamina a que la resolución que se dicte pueda
resultar eficaz y, por otro, ha de ser proporcionada
y necesaria en relación con los hechos que le provocaron.
Por otra parte, la medida cautelar está
prevista para su aplicación durante la tramitación
del expediente, sancionador, que según el art.
246.2 RP ha de concluir en el plazo máximo de tres
meses desde su iniciación.
De la regulación anterior, y una vez examinado
el expediente, resulta que la medida cautelar
adoptada por la Administración no reunía los
requisitos establecidos por el Reglamento Penitenciario.
Al suspender durante un periodo de seis
meses todas las comunicaciones íntimas, familiares
y de convivencia del interno no se estaba
garantizando la eficacia de la resolución que
pudiera recaer ni el buen fin del procedimiento, ni
siquiera se evitaba que persistieran los efectos de
la infracción pues los mismos se habían agotado
con la realización de los hechos que dieron lugar
al expediente disciplinario. Y desde luego dicha
medida no se considera proporcionada, idónea ni
necesaria en función de los objetivos a garantizar.
La forma de conseguir que el interno desistiera en
su actitud (lo que él denomina huelga de higiene)
sería a través de la imposición de las sanciones
establecidas legalmente, con carácter sucesivo,
caso de que los distintos hechos fueran constitutivos
de falta, pero lo que no se puede es utilizar la
medida cautelar a modo de sanción añadida a la
que luego pueda recaer, pues no puede tener otro
carácter la privación de comunicaciones familiares,
íntimas y de convivencia durante un periodo de
seis meses. En realidad excede de cualquier tipo
de sanción prevista legalmente; para las infracciones
más graves se prevé la sanción de aislamiento
en celda de seis a catorce días, lo que supone
que durante ese tiempo el interno no disfrutaría de
comunicaciones, o una limitación de comunicaciones
orales al mínimo tiempo previsto reglamentariamente
durante un mes como máximo en caso
de infracciones graves (art. 233 RP), es decir, en
ningún caso mediante la imposición de una sanción
se llegaría a una limitación como la acordada
con el carácter de medida cautelar. De ello se desprende
la desproporción existente entre los
hechos que dieron lugar a la medida y esta
misma, pues si una sanción de similares características
en cuanto a su gravedad tampoco debe
poder adoptarse con carácter previo; de la misma
manera no se puede considerar que esa medida
fuera ni idónea ni necesaria en relación con los
objetivos a garantizar pues, como se ha dicho, de
persistir la “huelga” del interno en similares términos
a los que se examinan la consecuencia habría
sido la incoación de otros expedientes disciplinarios.
Por último, resulta también excesivo el periodo
de tiempo durante el que se adopta la medida,
máxime si se tiene en cuenta que el interno, poco
después de suceder los hechos fue trasladado al
C.P. de Puerto I donde cesó su “huelga”, por lo
que a partir de ese momento ya resultaba absolutamente
innecesaria el mantenimiento de la medida.
Por todo lo que se ha expuesto resulta justificada
la queja formulada por el interno, al evidenciarse
un abuso de la Administración en cuanto a la
naturaleza de la medida cautelar adoptada en relación
con los fines que persigue y su necesaria relación
con la sanción a imponer y la proporcionalidad
que ha de observar tanto con los hechos que la provocan
como con la sanción imponible, por lo que se
deja sin efecto la misma.
Auto 184/04, 26 de enero de 2004, JVP nº 3,
Exp. 1389/00.
[158] Prescripción de las faltas graves.
La prescripción de las faltas graves se produce a
los dos años. La prescripción se interrumpe desde
que se inicia el procedimiento sancionador, pero si
éste se paraliza, vuelve a iniciarse el cómputo de la
prescripción siempre que esa paralización dure
más de un mes (Art. 258.1 y 2 del Reglamento
Penitenciario).
En el presente caso, el último acto de impulso
del procedimiento antes del auto de 23.12.03 no ha
sido la providencia de 18 de Octubre de 2001. Es
más, es posible que esa providencia no fuera ejecutada
o lo fuera de forma imperfecta; pero la diligencia
de ordenación de 23 de Mayo de 202 es un
74