Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

[21] Se aplica sobre las penas individualmente
y no sobre las condenas.
(...) En fin, por si eso fuera poco, el penado cumple
condena por dos penas de siete y cinco años y
si bien es cierto que la mitad de la condena la cumple
dentro de tres meses, la mitad de la única pena
sometida a periodo de seguridad -la de siete añosla
ha cumplido hace más de dos (y es patente que
el artículo 36 se refiere a las penas impuestas y no
a las condenas, como se deriva de la ubicación del
precepto dedicado a la duración de las penas, de
las claras distinciones del Código entre pena y condena
–Art.76.1–, entre pena y suma de penas
–art.81– entre imposición de penas y cumplimiento
simultáneo o sucesivo –Arts. 73 y 75– entre pena a
cumplir y penas impuestas –Art. 78–).
De todo ello se desprende el acierto en la propuesta
de la Junta de Tratamiento y la cualidad de
no ajustada a Derecho de la resolución de la Dirección
General de Instituciones penitenciarias, que
debe por ello ser revocada así como las resoluciones
judiciales que la confirman.
Auto 1697/04, 15 de junio de 2004, JVP nº 2 de
Ocaña, Exp. 2370/03.
[22] Irretroactividad. Regresión nueva
condena.
El penado estaba clasificado en tercer grado
cuando llegó una nueva condena a cinco años de
prisión por hechos cometidos hace nueve años. Por
ello se le ha regresado de grado. No ha satisfecho
las responsabilidades civiles pero ha ofrecido
hacerlo incluso mediante la enajenación o hipoteca
de un bien inmueble propiedad de la persona con la
que convive.
Está claro por la fecha de comisión de los delitos
hace 7 años uno y nueve el otro, que el penado ha
acreditado que puede vivir honradamente en libertad,
ejerciendo su profesión, para la que está cualificado.
Igualmente ha presentado una oferta de
pago en términos que pueden considerarse creíbles.
Ninguna de las penas impuestas supera los
cinco años de prisión, y además el período de
seguridad del artículo 36 del Código Penal no es
predicable de los delitos cometidos antes del 2 de
Julio de 2.003 y, menos aún, de los sancionados
conforme al Código Penal Texto refundido de 1.973.
Por ello estamos en principio ante un caso claro
de progresión al tercer grado, por cuanto que la
conducta del interno es buena en prisión y lo ha
sido fuera de ella. Sin embargo es claro que el
penado viene prometiendo el pago de las responsabilidades
civiles desde hace meses pero no
paga. Ya se ha dicho que los términos de la oferta
–con garantía real y personal de su compañera–
resultan creíbles pero el penado está condenado
por delitos de falsedad y estafa y esos delitos, que
tienen por base el engaño, obligan al Tribunal a
tomar precauciones. Como haga frente a unas responsabilidades
el penado –venta, hipotecas, obtención
de crédito personal con la garantía del inmueble,
etc.– es algo que a él y a su compañera les
corresponde decidir, pero el Tribunal no puede conceder
el régimen abierto pleno sin asegurar el pago
de las responsabilidades y la restitución a los perjudicados.
En consecuencia se acordará la progresión
a tercer grado en régimen abierto restringido
(Art. 82 y 87 del Reglamento Penitenciario) con
salida del interno durante los fines de semana, que
pasará a ser abierto sin restricción alguna (Art. 83)
tan pronto como el penado acredite ante el Tribunal
sentenciador el pago de sus responsabilidades civiles.
Auto 3612/04, 24 de noviembre de 2004, JVP
nº 1 de Logroño, Exp. 588.
[23] Irretroactividad del período de
seguridad.
Como quiera que ahora ha de examinarse el
fondo del asunto, se comenzará por estudiar las
razones que da el Ministerio Fiscal a favor de que
se mantenga al penado en segundo grado de clasificación
y que son la larga duración de la condena,
la parte de la misma pendiente de cumplimiento y la
existencia de un dudoso pronóstico de reincidencia
a tenor de los indicados factores. Lo cierto es que
para la clasificación en tercer grado la duración de
la condena y la parte pendientes de cumplimiento
han sido siempre un factor secundario. Solo tras la
modificación del art. 36 del Código Penal, se ha
establecido un periodo de seguridad, que toda la
doctrina y la mayor parte de los Tribunales han considerado
no aplicable a los condenados por hechos
anteriores a la entrada en vigor de la L.O. 7/2003
(Vgr. Autos de este Tribunal de 6.5 y 25.6.04, Instrucción
2/2005 de la Dirección General de Institu-
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