Número 14 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

cuando la resolución que tales casos acuerda
puede dar lugar a la excarcelación, entendida como
puesta en libertad, pues es esa puesta en libertad
la que queda paralizada por el efecto suspensivo
del recurso.
Así las cosas la norma, por su carácter excepcional
debe interpretarse restrictivamente. Por
ejemplo no puede incluir la clasificación en 2°
grado, aunque una vez así clasificado quepan
excarcelaciones temporales (los permisos) durante
los cuales el preso está en libertad, con o sin determinadas
cautelas. Habrá de interpretarse que ese
poder dar lugar a la excarcelación no ha de entenderse
como cualquier posibilidad de futuro, sino
como la abierta probabilidad o certeza de presente
de la puesta en libertad que pretende la ley, quede
en suspenso. Por tanto, no habrá duda del efecto
suspensivo del recurso contra las resoluciones en
que se acuerda la libertad condicional. Por el contrario,
la clasificación en tercer grado ofrece una tal
pluralidad de variantes regimentales que la cuestión
es mucho más dudosa y exige un análisis más
pormenorizado y, a veces, casuístico. En efecto, el
tercer grado determina la aplicación del régimen
abierto en cualquiera de sus modalidades (Art.
101.2 del Reglamento) y la clasificación determinará
el destino al Establecimiento cuyo régimen sea
más adecuado al tratamiento (Art. 102). Dentro de
tales Establecimientos (Art. 80) los hay de carácter
penitenciario como los Centros Abiertos o de Inserción
Social, y las secciones abiertas; y no penitenciario,
como las Unidades Dependientes, que son
unidades arquitectónicas ubicadas fuera de los
recintos penitenciarios, preferentemente en viviendas
ordinarias (Art. 80.4 y 165). Igualmente, el artículo
182 del Reglamento permite que los clasificados
en tercer grado reciban asistencia, incluso en
régimen de internamiento, y con determinados controles,
en instituciones extrapenitenciarias, siempre
que necesiten un tratamiento específico de deshabituación
de drogas y otras adiciones.
Pues bien, por lo común los penados clasificados
en tercer grado son destinados a un establecimiento
de régimen abierto, donde han de ingresar
(Art. 85.1 del Reglamento), con atenuación, que no
desaparición de los controles, y salidas más o
menos controladas al exterior (Arts. 84.,2, 86.1 y
87) que pueden ser restringidas (Art. 82.1). A este
régimen no se le puede llamar de libertad ni a esta
presencia obligada, aunque sea parcial, en el establecimiento,
se le puede llamar excarcelación.
Quizá pueda entenderse que hay una excepción en
el supuesto extraordinario del art. 86.4 cuando se
dispensa de presencia en el establecimiento al
penado, a cambio de controles de otro tipo.
Pues bien, en los supuestos de unidades dependientes
y de instituciones extrapenitenciarias de
deshabituación, es claro que se produce una excarcelación,
y, en el sentido material de las palabras,
una puesta en libertad en cuanto que la permanencia
del penado en tales lugares no es fruto de una
labor de custodia y retención sino de la decisión del
propio penado. Quizá pueden extenderse estos
cómputos a los supuestos ya mencionados del art.
86.4 de no permanencia, ni aún durante horas, en
el Centro o Sección abiertos. En los demás casos,
no hay excarcelación sino mero cambio de un Centro
ordinario a un Centro o Sección abiertos.
En el presente caso lo que acordó la Juez “a
quo” fue la clasificación en tercer grado en régimen
abierto restringido, que pasaría a ser pleno si se
acreditara una oferta de trabajo en firme a favor del
interno. Es claro que sólo se estaba acordando esa
clasificación y el régimen abierto correspondiente
(fuera de toda unidad dependiente, institución de
deshabituación, y supuestos excepcionales) esto
es el traslado a un Centro o Sección abiertos. No
hay excarcelación. No concurren, por tanto, los
requisitos para admitir el recurso del Ministerio Fiscal
en ambos efectos. Debe por tanto desestimarse
el presente recurso.
Auto 2121/05, 29 de junio de 2005, JVP nº 1 de
Ciudad Real, Exp. 286/05, en el mismo sentido el
Auto 2407/05, 12 de julio de 2005.
XIV-2
Competencia para resolver sobre clasificación
[117] Tribunal Sentenciador.
La disposición adicional quinta de la L.O.P.J., en
su redacción por L.O. 5/03 de 27 de Mayo, atribuye
al tribunal sentenciador, equiparando a estos efectos
los tribunales unipersonales y lo colegiados, la
competencia para conocer de las apelaciones contra
resoluciones del Juzgado de Vigilancia Peniten-
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