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La facultad reglamentariaque lleva a cabo el PoderEjecutivo es una tarea materialmentelegislativa dela que se derivan normasabstractas, generales e impersonales.Esto justificala obligación de realizar elcontrol de convencionalidadal ejercer esta facultady vale para todas las autoridadesadministrativas.
La reforma y la legislaciónuna suerte de control de constitucionalidad y convencionalidad preventivo para anticipary evitar el control ex post a cargo del Poder Judicial. Esta labor podría ser realizada por elpropio Poder Legislativo (por ejemplo, la comisión del ramo) o quedar a cargo de losorganismos autónomos de derechos humanos. Lo importante es evitar y prevenir laaprobación de leyes secundarias con vicios de validez al afectar derechos. Estos procesos,sumados a la depuración de la legislación que precede a la reforma, permitiríancontar con un ordenamiento jurídico coherente con el nuevo bloque de derechos. Alser realizado esto por el Poder Legislativo, se reducirían las tensiones entre el legisladordemocrático y los órganos jurisdiccionales de control. Ello, además, porque la precisiónlegislativa de los alcances de los derechos reduciría la discrecionalidad judicial. 9Facultad reglamentaria y normas técnicasLa reforma constitucional sobre derechos humanos modificó sustancialmente la formaen la que deben desarrollar sus funciones las autoridades del Estado. El tema delPoder Ejecutivo tiene particular interés, ya que en éste confluyen dos aspectos queayudan a entender las nuevas obligaciones de acuerdo con el artículo 1º constitucional,particularmente en relación con el artículo 2 de la cadh en materia de adecuaciónjurídica.Al igual que las autoridades de los poderes Judicial y Legislativo, las del PoderEjecutivo deben encauzar sus actos a la luz de estos parámetros. Además, como lo haestablecido la Corte idh, todos los poderes, en todos los niveles de gobierno, estánvinculados por las obligaciones convencionales incluidas en el tratado internacionalen cuestión, como parte de su deber internacional de cumplir de buena fe con estoscompromisos. 10Tal como sucede con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo se encuentra obligadoa realizar este tipo de control ex officio entre las normas que emite en sede administrativay las de la cadh. En palabras de la Corte idh:9Lijphart, Modelos de democracia..., p. 214; Aharon Barak, Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunalconstitucional en una democracia, México, scjn, 2008; Rodolfo Vázquez, “Justicia constitucional y democracia. Laindependencia judicial y el argumento contramayoritario”, en scjn, Tribunales constitucionales y la consolidaciónde la democracia, México, scjn, 2007, pp. 208-209; Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución..., pp. 81-82.10Corte idh, Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución de 20 de marzode 2013, párrs. 59 y 62, disponible en: .137
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