Informe de Fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016

Actividad de las sociedades públicas participadas por ADIF-Alta Velocidad 11
Todas las SIF han aportado los datos que se les han solicitado y han prestado una adecuada
colaboración en el desarrollo de los trabajos de la Fiscalización. En el desarrollo de las actuaciones
fiscalizadoras no se han producido limitaciones al alcance que hayan impedido cumplir los objetivos
previstos.
I.3. ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO
A partir de 2002 y hasta 2010, se suscribieron una serie de convenios entre el Ministerio de
Fomento, las entidades públicas empresariales adscritas al mismo con competencias en materia
ferroviaria [ADIF, Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE)] y las Administraciones Públicas implicadas en cada una de las ciudades
afectadas (Comunidad Autónoma y Ayuntamiento), con la finalidad de conseguir una mejor
integración urbana del ferrocarril en esas ciudades como consecuencia de la llegada a ellas de la
alta velocidad.
Estos convenios contemplaban la creación de una sociedad mercantil en cada ciudad que se
encargaría de gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura y
urbanización correspondientes en los terrenos liberados en los distintos ámbitos de actuación; de
esta manera se constituyeron las SIF, distribuyéndose la participación en su capital al 50% entre la
Administración General del Estado y las Administraciones local y autonómica.
Este modelo pretendía, por un lado, unir a todas las partes con intereses en el proyecto y, por otro,
generar, al margen de las aportaciones que de acuerdo con cada convenio pudiesen efectuar las
distintas Administraciones, recursos suficientes para la financiación del proyecto mediante la puesta
en mercado de los aprovechamientos urbanísticos derivados de suelos liberados de uso ferroviario
que resultaran de las actuaciones proyectadas. De modo que las SIF se configuraron como entes
instrumentales para llevar a cabo un proyecto.
Las SIF se rigen por sus respectivos estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones
legales ordinarias al régimen jurídico de las sociedades anónimas, Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y por
cualesquiera otras disposiciones que le resulten de aplicación, en especial, la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, Ley General Presupuestaria (LGP); el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
vigor hasta la promulgación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público; y aquellas cuantas disposiciones se refieran a su objeto
social.
En total, se crearon 13 SIF con una participación 100% pública pero en las que ninguna de las
Administraciones públicas ostentaba una participación superior al 50%. Como consecuencia de
ello, hasta la entrada en vigor de la modificación de la disposición adicional novena de la LGP
introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, estas entidades no
rindieron sus cuentas al Tribunal de Cuentas a través de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE). Tras la citada modificación, las sociedades mercantiles en las
que la participación del sector público estatal sea igual o superior al del resto de las
administraciones públicas han venido remitiendo dicha información a este Tribunal a través de la
IGAE. Las SIF se encuentran en este supuesto, habiendo rendido sus cuentas anuales mediante
dicho procedimiento desde el ejercicio 2014. A 31 de diciembre de 2016, de las 13 SIF creadas, 1