Informe de Fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016

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concesión de nueva financiación. En consecuencia, se solicitó a los accionistas, las diferentes
Administraciones públicas, el otorgamiento de cartas de compromiso o comfort letters con lo que se
generó un riesgo de posible incidencia en la estabilidad presupuestaria. Al mismo tiempo, dado que
las SIF son sociedades instrumentales, su actividad no puede considerarse, a efectos de
contabilidad nacional, como una actividad de mercado por lo que formarían parte del Sector de las
Administraciones Públicas; por lo tanto, las actuaciones financiadas por ellas afectan al cálculo del
déficit público y su endeudamiento formaría parte de la deuda pública, Así, el importe del
endeudamiento bancario de las SIF, que a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 1.126.673.404
euros computaba en el importe de la deuda pública, contribuyendo a engrosarla.
Asimismo, la crisis económica propició la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que reforzaba el principio de estabilidad
presupuestaria y asentaba el principio de sustentabilidad financiera en la actuación económicofinanciera
de las administraciones públicas limitando el volumen de la deuda pública. Además,
como novedad importante, esta Ley extendió la obligación de presentar un límite de gasto, hasta
ahora solo previsto para el Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales
así como la dotación en sus Presupuestos de un fondo de contingencia para atender necesidades
imprevistas y no discrecionales. También, reguló en su artículo 12 la regla de gasto, según la cual
la variación del gasto computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales, no podría superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio
plazo de la economía española. Esta regla se completó con el mandato de que cuando se
obtuviesen mayores ingresos de los previstos, estos no se destinasen a financiar nuevos gastos
sino a un menor recurso al endeudamiento. Como consecuencia de lo anterior, la financiación de
los proyectos de integración ferroviaria pasó a incidir de forma significativa en los presupuestos de
las Corporaciones locales, lo que motivó, en el caso de Valladolid, el replanteamiento de la
viabilidad del proyecto inicial y su posterior modificación mediante la firma de un nuevo convenio.
También, en el proyecto de Zaragoza se aprobó en la novación del crédito en 2016, una ampliación
del vencimiento hasta el 2025 para facilitar que la Corporación local pudiese acometer la
financiación. En Alicante, con fecha 20 de julio de 2017 se acordó una modificación del convenio en
la que se pactó la transmisión de los activos ferroviarios de AVANT a ADIF-AV y ADIF ante la
dificultad de las Administraciones territoriales derivadas de sus situaciones presupuestarias de
aportar la financiación en proporción a su participación accionarial Además, en las diferentes SIF se
iniciaron estudios sobre la viabilidad de los proyectos inicialmente previstos teniendo en cuenta la
capacidad financiera de cada uno de los accionistas.
A 31 de diciembre de 2016, los importes comprometidos por el otorgamiento de los préstamos
participativos ascendían a 940.481.330 euros y su calendario de desembolsos, que habrán de
incluirse en los presupuestos anuales de cada uno de los socios de las SIF, influirá en el cálculo del
déficit así como en el cumplimiento de la regla de gasto.
II.1.6. Cumplimiento de la Ley de transparencia
En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, la cual tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad
pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Las
SIF, como sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, tienen la obligación de
publicar en sus sedes electrónicas o páginas web, información institucional, organizativa de
planificación así como económica, presupuestaria y estadística de acuerdo con lo dispuesto en los