Informe de Fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016

Actividad de las sociedades públicas participadas por ADIF-Alta Velocidad 95
dependientes de la Administración General del Estado, de acuerdo con el artículo 52 de dicha Ley.
No obstante, a nivel individualizado, CAV y MAV cumplían el precepto mencionado (Epígrafe II.1.4).
III.7. CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS REPERCUSIONES DE LAS ACTUACIONES DE LAS
SIF EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
26.- En un principio, en los convenios de colaboración entre las distintas administraciones públicas
suscritos con la finalidad de ejecutar unos macro proyectos de integración del ferrocarril en sus
respectivas ciudades, se preveía su financiación por la venta de los terrenos liberados de su uso
ferroviario y así sería una operación autofinanciada que no exigiría aportación económica de las
Administraciones y no afectaría al principio de estabilidad presupuestaria. Sin embargo con la
aparición de la crisis económica esta situación varió, las condiciones de los créditos bancarios,
financiación necesaria para acometer los proyectos hasta la obtención de recursos por la venta de
los terrenos liberados del uso ferroviario, se endurecieron junto con las garantías solicitadas por los
sindicatos bancarios para la renovación o concesión de nueva financiación que pasaron de
fundamentarse en la obtención de plusvalías urbanas a la garantía que aportaban los accionistas
mediante el otorgamiento de las comfort letters con la consiguiente incidencia en la estabilidad
presupuestaria (Epígrafe II.1.5).
27.- Las SIF son sociedades instrumentales, por lo que su actividad no puede considerarse, a
efectos de contabilidad nacional, como una actividad de mercado; de hecho, de acuerdo con el
SEC 2010, a la fecha de redacción de este Informe figuran clasificadas en el INVENTE/INVESPE
del Ministerio de Hacienda formando parte del Sector de las Administraciones Públicas. La
consecuencia de esta clasificación es que sus actuaciones afectan al cálculo del déficit público y su
endeudamiento forma parte de la deuda pública. Así, el importe del endeudamiento bancario de las
SIF, que, a 31 de diciembre de 2016, ascendía a 1.126.673.404 euros, contribuyó a engrosar la
deuda pública.
Además, la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, extendió la obligación de presentar un límite de gasto, hasta ahora solo
previsto para el Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales. También,
reguló en su artículo 12 la denominada regla de gasto, según la cual la variación del gasto
computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, no
podría superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía
española. Derivado de estas restricciones presupuestarias, el importe comprometido por el
otorgamiento de los préstamos participativos que, a 31 de diciembre de 2016, ascendía a
293.386.886 euros, junto con los futuros desembolsos pactados en ellos, influirán en el cálculo del
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Además, en el caso de las Corporaciones
Locales, sus presupuestos se ven afectados directamente por estos compromisos como
consecuencia del sometimiento al cumplimiento de la regla de gasto (Epígrafe II.1.5).
III.8. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA.
28.-En términos generales, puede afirmarse que las SIF cumplen con el principio de transparencia
en lo referente a la publicación de información en su portal de Internet. Todas ellas publican las
funciones desarrolladas, la normativa de aplicación y su estructura organizativa con la identificación
de los responsables de las respectivas unidades. También publican los convenios suscritos, la
información contractual, así como las cuentas anuales con sus informes de auditoría.