Informe de Fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016

78 Tribunal de Cuentas
A 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de redacción de este Informe, los accionistas de VGAV
eran las entidades públicas empresariales ADIF (10%) y ADIF-AV (40%), el Gobierno Vasco (25%),
la Diputación Foral de Álava (10%) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (15%).
A 31 de diciembre de 2016, la actividad de esta Sociedad se encontraba paralizada. La única
actuación que ha venido desarrollando desde su creación ha sido la redacción de la primera fase
del proyecto de integración del ferrocarril correspondiente a la llegada de la alta velocidad en
superficie, y que está siendo financiada a través de la aportación del Grupo Fomento; por
consiguiente, y dado que la actividad principal de la Sociedad, la remodelación de la red ferroviaria
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, aún no ha comenzado y además, se encuentra en ejecución un
nuevo estudio de viabilidad económica y técnica, constituyendo incluso una incertidumbre la
ejecución de la misma, por lo que en caso de no encontrarse una solución, AVV estaría en causa
de disolución, según el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital al no poder cumplir con su
objeto social. Posteriormente, en febrero de 2017, las administraciones competentes aprobaron el
Acuerdo para la integración del ferrocarril en la ciudad, iniciándose el 6 de septiembre de 2017 la
redacción del estudio informativo. No obstante, una vez finalizada su redacción, los acuerdos sobre
la redacción de los proyectos constructivos y la ejecución de las obras deberán adoptarse en el
seno de la Sociedad, analizándose la necesidad de suscribir un nuevo Convenio o modificar el
vigente. Por consiguiente, hasta que no se apruebe la solución definitiva sobre la ejecución y
financiación de las actuaciones, persiste la incertidumbre acerca de la posibilidad de que AVV
pueda cumplir con su objeto social.
II.2.13. Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. (ZAV)
ZAV es una sociedad mercantil creada en desarrollo del Convenio suscrito el 23 de marzo de 2002
por el Ministerio de Fomento, la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, GIF
y RENFE, con el objetivo fundamental de la gestión del desarrollo urbanístico y la ejecución de las
obras de infraestructura correspondientes a los terrenos clasificados en el Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza como de sistema general ferroviario sujetos a convenio que, de
forma esquemática coinciden con los terrenos de El Portillo, Delicias, La Almozara y el Corredor
Oliver-Valdefierro, así como las obras de traslado de los talleres ferroviarios y la estación de
clasificación existentes en el entorno Delicias-Almozara.
El coste de las actuaciones previsto en el Convenio ascendió a 618,02 millones de euros que
serían financiados mediante las plusvalías obtenidas por la puesta en mercado de los suelos
desafectados del uso ferroviario, con la cesión gratuita de los aprovechamientos municipales y
mediante las aportaciones comprometidas por los accionistas en cada caso.
Posteriormente, el 23 de julio de 2012, ante la situación económico financiera que atravesaba ZAV
y con la finalidad de poder proceder a la enajenación de terrenos con los que hacer frente a la
devolución del crédito bancario y no incrementar el importe de este, se firmó una adenda al anterior
Convenio, en virtud de la cual ZAV pasó a dejar de financiar las actuaciones, que a esa fecha se
encontraban pendientes de inicio: la ronda sur ferroviaria con un coste estimado de 113.222.798
euros; la reconversión de la avenida de Navarra, con un coste estimado de 11.420.000 euros y las
instalaciones del túnel carretero, con un coste de 23.878.122 euros. Como consecuencia de ello,
quedaron excluidas del Convenio actuaciones por un importe de 148.520.920 euros, alrededor del
20% de las programadas inicialmente.
En ejecución del Convenio, ZAV suscribió una serie de convenios de colaboración así como el 23
de abril de 2003 un Contrato marco regulador de sus relaciones con sus socios y el 3 de octubre de