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Capítulo
5
5.1 Aspectos conceptuales
Inequidad en la justicia: eliminando las
barreras de acceso
En sentido restringido, se entiende por acceso
a justicia a la acción de recurrir al sistema judicial
de un Estado para la resolución de controversias
o la protección frente a un delito, sin distinción
de condición económica, sexo, edad, identidad
sexual, ideología política y creencias religiosas
(Popkin, 2007, pág. 7; Sommer, 2011, pág. 1).
En sociedades democráticas, el acceso al sistema
de justicia, es un derecho ciudadano que debe ser
garantizado por el Estado (Popkin, 2007, pág.
182). El Estado está obligado, por disposiciones
normativas constitucionales de cada país y por las
convenciones internacionales, a garantizar el acceso
efectivo de todos los ciudadanos y ciudadanas, a
una justicia eficaz y oportuna. Las Constituciones
de todos los países latinoamericanos garantizan el
acceso a la justicia a todos sus ciudadanos y ciudadanas
sin distinciones de ningún tipo.
Desde el punto de vista internacional, el acceso
a la justicia está garantizado por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y
la Convención Americana de Derechos Humanos
(Rojas Álvarez, s.f., págs. 4–5). Esta última establece
que “si una persona busca la protección de la ley para
hacer valer sus derechos, encuentra que tal posición
económica le impide hacerlo, queda discriminado,
lo cual constituye una violación a la Convención”
(Sommer, 2011, pág. 2). Esta declaración eleva el
acceso a la justicia a la categoría de derecho humano
esencial, de derecho inherente a la dignidad de la
persona (Marabotto Lugaro, s.f.).
El acceso a la justicia tiene un valor intrínseco.
Por ello, ha sido catalogado como un derecho
humano esencial inherente a la dignidad humana.
Sin embargo, tiene también un valor instrumental,
pues también es reconocido como un elemento
fundamental para que exista progreso con estabilidad
social (González, s. f., pág. 397).
El acceso al sistema de justicia para los pobres,
es una de las avenidas que pueden contribuir a la
superación de la pobreza. Se ha argumentado desde
una perspectiva de desarrollo humano, que “el
hecho de que la gran mayoría de las personas que
padecen una situación de pobreza viva al margen
del funcionamiento de las instituciones y de las
regulaciones estatales, es un indicador evidente
de la conexión existente entre pobreza y acceso a
justicia” (PNUD, 2005, pág. 13).
En este sentido, “la ausencia de recursos y la
desprotección de los derechos son dos carencias
que se potencian, ya que sí bien es cierto que la
pobreza representa una barrera para el acceso a
la justicia no lo es menos que la falta de acceso a
la justicia perpetúa la pobreza de quienes ven sus
derechos desprotegidos y ralentiza el desarrollo
económico general” (PNUD, 2005, pág. 13).
El acceso al sistema de justicia permite a
los pobres ejercitar sus derechos y obligaciones
ciudadanas y fortalece su compromiso con la
gobernabilidad democrática, porque genera confianza
en el sistema democrático, en su sistema de
administración de justicia e inhibe a las personas a
tomarse la justicia por su propia mano.
La falta de acceso a la justicia es una de las manifestaciones
de la inequidad existente en las sociedades
latinoamericanas. Sin embargo, la inequidad
INEQUIDAD EN LA JUSTICIA: ELIMINANDO LAS BARRERAS DE ACCESO
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