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RECUADRO 5.7: Equidad: uno de los pilares del Proyecto
de Modernización de la Rama Judicial
Fuente: Tomado de World Bank (2005a, pág. 17).
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INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO HONDURAS 2011
Uno de los componentes del Proyecto de Modernización
de la Rama Judicial, patrocinado primordialmente por
el Banco Mundial, es precisamente promover un acceso
equitativo a la justicia. En este sentido, muchas de las medidas
que se adoptan en este componente del proyecto,
están muy relacionadas con la institucionalidad y van en
consonancia con las mencionadas anteriormente. Estas
medidas son:
1) Desarrollo de un programa piloto de mecanismos de resolución
de conflictos en forma pacífica y eficiente, a través
de:
i) implementación de la Ley de Conciliación y Arbitraje y
la promoción de mecanismos alternativos para la resolución
de conflictos;
ii) revisión de los mandatos administrativos y operacionales
de los juzgados de primera instancia en municipios
seleccionados, incluyendo el uso de mecanismos alternativos
para la resolución de conflictos y la rehabilitación
de los edificios existentes;
iii) desarrollo de nuevos lineamientos para la entrega de
servicios judiciales, y la identificación de propuestas
para promover las resoluciones extrajudiciales de casos
no contenciosos,
iv) implementación de un programa piloto de juzgados
móviles.
2) Un programa piloto de actividades orientadas a promover
mayor consciencia de las necesidades de los grupos vulnerables
incluyendo:
i) acceso más equitativo a la justicia por parte de las mujeres;
ii) la incorporación de la juventud en la administración de
justicia;
iii) acciones detalladas con la mira de incorporar las necesidades
de los grupos étnicos en la provisión de servicios
judiciales, y,
iv) el programa para mejorar la eficiencia y la adecuación
de los servicios judiciales requeridos por la pequeña
empresa;
3) Implementación de programas de desarrollo de capacidades
de defensores públicos en jurisdicciones civiles,
4) Implementación de programas de incidencia para expandir
la consciencia de los ciudadanos acerca de sus derechos
y responsabilidades legales.
con su quehacer y a los usuarios.
Promulgar o promover la expedición de una
normativa marco que regule la prestación del
servicio de asistencia legal gratuita por parte de
operadores no estatales y defina los mecanismos
mediante los cuales la Defensa Pública realizará
el seguimiento.
Formular y ejecutar un Plan de Acción mediante
el cual la Defensa Pública asuma la
responsabilidad del seguimiento.
Esta línea de acción es coincidente con la propuesta
del Banco Mundial que apunta a mejorar
la capacidad de los defensores públicos en jurisdicciones
civiles (ver recuadro 5.7).
Hay una línea de acción en la propuesta del
Banco Mundial que no ha recibido mucha atención
en el Plan Estratégico del Poder Judicial
2011-2016, que tiene un importante impacto en
el incremento de la oferta para el acceso a justicia.
Esta línea de acción es la relativa a la creación de
un programa piloto de mecanismos de resolución
alternativa de conflictos.
Al parecer, la resolución alternativa de conflictos
ha avanzado muy lentamente y se ha circunscrito
a las cámaras de comercio de Tegucigalpa, San
Pedro Sula y el Colegio de Abogados. El adoptar
una política claramente definida de expansión de
los mecanismos alternativos para la solución de
conflictos es uno de los desafíos del Poder Judicial
para brindar mejor expectativas de justica a la
población, especialmente en las comunidades del
interior del país.
Para remover la barrera que representa para
el acceso a la justicia la falta de información, en
su propuesta de 2005, el Banco Mundial había
sugerido una campaña de incidencia para mejorar
los conocimientos de la población en programas
judiciales y expandir la consciencia de los ciudadanos
y ciudadanas acerca de sus derechos y
responsabilidades legales (World Bank, 2005a,
pág. 13).
No hay evidencia de que estas campañas estén
siendo realizadas y que hayan tenido o tengan un
impacto efectivo en la población. Este es, obviamente,
otro de los grandes desafíos que enfrenta
el Poder Judicial de cara al acceso a la justicia a
los grupos más vulnerables de la población hondureña.
Otro desafío difícil de encarar, es el de incrementar
la confianza de la población frente a la
administración de justicia. Se trata, en primer
lugar, de construir un sistema de justicia imparcial
e independiente, y, en segundo, que sea así
percibido por la población. Como se ha indicado,
“sin una justicia imparcial e independiente no es
posible proteger las libertades y los derechos de los
ciudadanos, se reducen las posibilidades de desarrollo
del país, se deteriora la calidad del gobierno
al destruirse la confianza ciudadana en el Estado
de Derecho, y se genera un contexto en el que la
impunidad encuentra terreno fértil por cuanto no
se detectan, persiguen y sancionan los actos corruptos.
Por lo que representa, y por las funciones
que le competen en los sistemas democrático, el