16P9CTg

Tercero, las reformas a la papeleta electoral separada,
con nombres y fotografías de los aspirantes
a diputado, han contribuido a la diversificación
del perfil típico de quienes logran entrar a las
élites parlamentarias. Después de implementada
esta reforma, se han observado algunos cambios
en la configuración del perfil típico del diputado.
Esto se evidencia al cuantificar el aumento de la
proporción de mujeres jóvenes adultas entre 35 y
44 años, que ejercen puestos de diputadas y se dedican
exclusivamente a sus tareas parlamentarias.
Asimismo, ciudadanos que no poseen capital político
sustantivo, pero con formación y experiencia
profesional en áreas de trabajo específicas, también
se ha elevado en alguna medida.
Finalmente, las sugerencias de los adultos hondureños
para reducir la inequidad política son dignas
de rescatar. Entre ellas se encuentran las cuotas
electorales para grupos específicos, por ejemplo,
jóvenes y representantes de los pueblos indígenas y
de las comunidades afrohondureñas. En el caso de
las mujeres, ya se cuenta con una cuota del 30%,
pero la población opina que bien valdría la pena
aumentarla. Otro tipo de reforma a considerar son
las elecciones por distritos electorales.
Los hondureños y las hondureñas también
están de acuerdo en que es necesario fomentar la
formación de nuevos liderazgos, no sólo entre las
élites, sino entre aquellos grupos tradicionalmente
relegados, para que puedan tener un mayor nivel
de participación. El fomento de la cobertura, acceso
y calidad del sistema educativo es el espacio
propicio para lograr este cometido y fomentar
por medio de una formación ciudadana y civil,
una cultura política deliberativa, participativa e
informada.
En esta misma línea, los datos de la ENPDH
2011 revelan que aun cuando existe una gran
desafección de la población hacía la política,
existe aun así un gran potencial de participación
ciudadana en lo que respecta a organizaciones
comunitarias y/o solidarias. El promover espacios
de participación política alternativos para
las organizaciones de la sociedad civil, no es solo
un proceso de fomentar la participación política
no convencional entre las partes, pero es llevar
las denuncias y manifestaciones sociales a foros
políticos de diálogo informado, donde los sectores
con menor capital social y político puedan tener
probabilidades de involucrarse en el debate de
temas complejos y sensibles del quehacer nacional
de manera concienzuda. Fortalecer la democracia
deliberativa informada es vital para lograr un desarrollo
democrático más profundo e incluyente.
Según la opinión de la población hondureña, la
reducción de la inequidad política puede conllevar
a ganancias para todos los sectores de la sociedad.
Por medio de la inclusión de representantes de
los sectores tradicionalmente relegados en los
espacios de poder y de toma de decisiones, puede
haber quien promueva políticas de equidad que
procuren defender una vida digna para los menos
favorecidos.
Las propuestas expuestas hasta ahora para
reducir la inequidad política, no solo ayudarían a
restaurar la confianza perdida en las instituciones,
pero también darían legitimidad a las decisiones
tomadas por las instituciones públicas. Esto fortalecería
la democracia hondureña y el país estaría en
condiciones de lograr mayores niveles de desarrollo
humano a la hora de retomar los espacios políticos
con equidad y representatividad.
Inequidad en la justicia: eliminando las
barreras de acceso
El estudio de la inequidad en el acceso a la
justicia en Honduras es un tema vital. Un acceso
equitativo al sistema de justicia permite a
los usuarios del sistema ejercitar sus derechos y
obligaciones como ciudadanos y ciudadanas. Esto
fortalece los compromisos con la gobernabilidad
democrática del país.
En el INDH 2011 se ha constatado la existencia
de factores claves que inciden en el acceso a la
justicia. Dichos factores pueden ser identificados
desde dos puntos de vista: el individual y el institucional.
Desde el enfoque individual, se han identificado
características específicas de los usuarios del
sistema de justicia que se constituyen en potenciales
barreras para acceder a la misma. Entre las
características identificadas, se destaca pertenecer
a un estrato económico bajo, ya que la carencia
de recursos económicos impide contratar los servicios
de un abogado. Adicionalmente, se puede
mencionar el sexo y etnicidad de la persona, pues
se han encontrado barreras de acceso a la justica
asociadas al género y a particularidades culturales
de los pueblos indígenas y afro-descendientes, tales
como su lengua.
El grado de confianza que tienen las personas
en el sistema de justicia es también una barrera
para el acceso a la justicia, ya que en un ambiente
en el cual predomina la desconfianza en el sistema
judicial y la percepción que impera es la impunidad,
hace que la ciudadanía tenga una menor
RESUMEN
23